Un proyecto de Ley que busca que el cobro del 4% de los honorarios y los gastos administrativos de los alquileres queden a cargo de los propietarios, avanza en la Legislatura bonaerense.
En rigor, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto del Senado bonaerense luego de haber obtenido dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de esa Cámara.
“Es un proyecto muy sencillo. Deriva el peso de los gastos de gestoría y los honorarios de inmobiliaria y de martilleros al propietario para que el inquilino tenga un alivio en el bolsillo”, explicó el senador bonaerense por el Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona.
En diálogo con Radio Provincia, el legislador señaló que en caso de convertirse en ley, “los inquilinos se ahorrarán un 50% de los gastos administrativos para ingresar a una vivienda”.
Con la iniciativa parlamentaria, además se busca que la solicitud de informes de dominio, que se realiza en el Registro de la Propiedad, sea sin costo para los inquilinos, y se pretende que los costos de las certificaciones de firmas y averiguación de informes de garantía también sean afrontados por los propietarios.
“Es un proyecto que es un calco de una ley que está vigente en la Ciudad de Buenos Aires, que fue impulsada por Juntos por el Cambio, el mismo espacio político que ahora acá en la provincia lo rechaza”, lamentó Durañona.
El legislador señaló además que en la provincia de Buenos Aires “6 de cada 10 inquilinos son mujeres jefas de hogar”.
“Un cálculo sencillo: en un monoambiente de $ 40 mil por mes, solo en concepto de honorarios y de martilleros son $ 150 mil. A eso hay que agregarle el mes de alquiler, el depósito en garantía y el resto de los gastos de mudanza”, ejemplificó.
El proyecto
La iniciativa, impulsada junto con asociaciones de inquilinos, busca modificar la Ley de los Martilleros y Corredores Públicos y prohíbe expresamente en las locaciones de inmuebles en la provincia de Buenos Aires “requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios/as, sublocatarios/as y/o continuadores de la locación” cuando se trate de “una persona física”.
La prohibición resulta extensiva a los honorarios por la administración de esas viviendas, y se determina que, “en caso de no existir contrato por escrito, no podrá cobrar honorarios a ninguna de las partes”.
Además, en el proyecto que ahora cuenta con dictamen de comisión y que podría ser tratado en el recinto de la Cámara alta bonaerense en las próximas semanas, se determina que “en alquileres por temporada podrá cobrarse hasta el 2% del monto total del contrato a cargo exclusivamente del locador/a”.
El proyecto a la vez establece que el Estado deberá ser quien garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen en los locales y páginas web, sus honorarios y las alícuotas que se cobran en los alquileres, con el objetivo de que el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible.
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