Por Redacción Grupo La Verdad
Continúa la conmoción por el hecho ocurrido el pasado lunes en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un alumno entró armado y mató a un compañero e hirió a otros.
El adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 años y que cursaba primer año, falleció.
“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron. El agresor, de 15 años, fue detenido por la policía y trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe.
Sus abogados defensores afirmaron que se encontraba bajo tratamiento psicológico y había atravesado episodios de autolesiones previos al ataque. Indicaron además que el joven no había manifestado conductas violentas hacia terceros, en el marco de la causa en la que se lo acusa de matar a un compañero y herir a otros ocho. Mientras que el ministro de Educación de Santa Fe dijo que el agresor “no registra antecedentes en el sistema educativo”.
Ahora bien, en cuanto a la situación penal del joven autor del hecho, surgió la duda de si será tratado bajo la nueva Ley Penal Juvenil. Lo cierto es que, pese a su aprobación en marzo de 2026, el adolescente no podrá ser juzgado por un tribunal, debido a que el Artículo 52 determina un plazo de 180 días para su vigencia.
En contacto con Grupo La Verdad, el abogado juninense especialista en derecho penal, Dr. Darío De Ciervo, explicó la situación del menor y dijo que “no es punible”, ya que el nuevo régimen penal juvenil aún no está operativo. “Se aplica la ley anterior, que aún está vigente”, indicó.
“Falta la operatividad de la nueva ley, que va regir aproximadamente en 180 días; está prevista para septiembre. Uno de los motivos es que hay un dispositivo que prohíbe que los lugares cumplan alguna medida de encierro junto a los adultos. Esa y otras medidas suponen una organización que va a llevar un tiempo adaptarla para que sea plenamente operativa. Esto fue explicado por las autoridades y distintos funcionarios de los poderes. Por eso la prórroga para entrar en vigencia”, aseguró.
Sin embargo, dijo que “igualmente, el hecho se puede imputar. Tiene que haber una investigación que determine responsabilidad penal. El juez va a poder disponer de ese menor, de acuerdo a la ley que todavía está vigente”.
“Es impune por la minoridad, pero sin perjuicio de esto, también podría pasar que haya una imputabilidad desde el punto de vista psiquiátrico, que se determinará más adelante”, agregó.
Por último, señaló que “si se llegaran a dar casos similares en los próximos 180 días, va a pasar lo mismo. Salvo que haya alguna disposición que modifique esa prórroga y que la nueva ley entre en vigencia de forma inmediata y se ponga operativa. Eso variaría la situación actual. Pero tal cual está, la legislación desde el punto de vista gobernativo, hoy no es aplicable”.
En el mes de febrero, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que tiene como eje principal la baja de la edad punible para el sistema penal argentino, que previamente había sido aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación.
Tan solo 10 días después, el Gobierno nacional promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18.
La iniciativa contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Según el texto oficial del Boletín Oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Además, se establece que los adolescentes detenidos no podrán ser alojados junto a adultos y que los centros de detención deberán contar con personal capacitado para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
