Los intendentes de Saladillo, José Luis Salomón y de General Alvear, Ramón Capra -ambos de la UCR- le pidieron al gobierno nacional que deje sin efecto el cierre de la agencia que el INTA operaba en la primera de esas ciudades, una decisión que se tomó en el marco de un plan general de achicamiento del instituto pese a que los alcaldes cubrían la mayoría de sus gastos.
Las agencias de extensión del INTA son unidades locales que se encargan de brindar asistencia técnica a los productores agropecuarios, a los que además capacitan, para que mejoren su productividad. Además, investigan y difunden prácticas ligadas a la sostenibilidad de la producción y de desarrollo regional.
La gestión de Bronzovich viene aplicando un plan de ajuste en el INTA que, como contó DIB, entre otras medidas de achique, eliminó 10 de esas agencias en la Provincia, además de la disolución de la dependencia INTA AMBA, la fusión de institutos de investigación y la puesta en venta de unas 42 mil hectáreas de campo. El objetivo es reducir la estructura territorial para achicar costos.
Pero en el caso de la Agencia de Saladillo, casi la totalidad del financiamiento corría por cuenta de las comunas, explicaron los intendentes Salomón y Capra, que accedieron a prestar esa ayuda porque consideraron el cierre sino como “la pérdida de una herramienta clave que durante décadas acompañó a productores, cooperativas, pymes e instituciones locales”.
Los jefes comunales se pusieron a disposición para abrir una instancia de diálogo con las autoridades nacionales y explorar alternativas que permitan sostener el funcionamiento de la agencia. Pero por ahora no recibieron respuestas de la conducción de INTA.
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