El estatus de Monumento Histórico Nacional que obtuvo el ex boliche República Cromañón y la reciente reglamentación de la ley 27.695, que permite la creación de un espacio de memoria en ese lugar, «abren una puerta trascendental» en el proceso de justicia al reconocer lo que sucedió como una «causa nacional y de derechos humanos», subrayaron sobrevivientes a 19 años del incendio en el que murieron 194 personas el 30 de diciembre de 2004.
«La experiencia de la sanción de la ley permite abrir una puerta trascendental. En primer lugar porque Cromañón fue reconocida como una causa nacional y en segundo, porque posibilita la novedad de institucionalizar y enmarcar Cromañón como una causa de los derechos humanos. Asumirla como tal, permite profundizar y ampliar las políticas públicas de memoria, verdad y justicia», expresó a Télam Nicolás Pappolla, sobreviviente de Cromañón e integrante de El Camino es Cultural.
El 1° de diciembre pasado, el Gobierno nacional reglamentó la ley 27.695 -sancionada en octubre de 2022- que declaró «de utilidad pública y sujeto a expropiación» los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures, en el barrio porteño de Balvanera, donde funcionó Cromañón, cuya autoridad de aplicación es la Secretaria de Derechos Humanos. A su vez, el decreto 571/2023 de noviembre de este año declaró a Cromañón Museo Histórico Nacional, al «Paseo de Los Pibes de Cromañón» como Lugar Histórico Nacional y a la Colección Cromañón alojada en el Archivo Nacional de la Memoria como Bien de Interés Histórico Nacional. «Lo más importante de estos últimos logros es que permiten preservar, mantener viva la memoria.
Que ese lugar sea preservado por el Estado es justicia también para muchas de nosotras y nosotros. Es un paso más hacia la conquista de derechos humanos que son inacabados y siempre hay que ir por más», analizó en diálogo con Télam la sobreviviente Celeste Oyola. La decisión de incluir a Cromañón como patrimonio nacional fue lograda a partir de un «trabajo arduo» entre la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación, las organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se trata de «una ruptura con la vieja concepción del patrimonio, al superar las miradas esteticistas y hegemónicas y al dar cuenta del conflicto que entrañan las memorias del trauma», subrayó Mónica Capano, titular de la Comisión.
«Estos lugares que hoy pasan a ser patrimonio de la Patria han sido escenario de una masacre cuyas heridas, de alguna manera con este decreto, el Estado argentino contribuye a saldar», sostuvo cuando fue publicado el decreto. Desde el 2004, el local Cromañón no volvió a abrir sus puertas, con excepción de las pericias judiciales que se hicieron en su momento. El Decreto 652/2023 designó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como «sujeto expropiante de los inmuebles» y lo instruyó para que coordine las acciones necesarias con el fin de «efectivizar el inmediato uso del inmueble sujeto a expropiación».
Para lograr la expropiación la Administración de Bienes del Estado solicitó meses atrás la tasación del inmueble al Tribunal Nacional de Tasación que, a su vez, solicitó el acceso al inmueble para realizar la inspección. «Estamos esperando que nos indiquen la persona de contacto para coordinar la fecha de la inspección. Sin la inspección no se puede realizar la tasación», informó a esta agencia Diego Martin, presidente del Tribunal, quien consideró «fundamental ver en la inspección el estado en que se encuentra el inmueble».
Una masacre y no una tragedia Las organizaciones de víctimas buscan justicia y una reparación de parte del Estado desde hace casi dos décadas, en las que procuraron instalar que Cromañón fue una «masacre» y no una «tragedia» para subrayar la responsabilidad institucional del hecho. «Si bien desde el principio algunas víctimas fueron solicitando reparaciones económicas por vía civil y el Estado creó un subsidio para algunas, no puede decirse que eso sea una política reparatoria. Para las víctimas la reparación está relacionada con la justicia, la memoria, el reconocimiento, lo subjetivo y psicológico», explicó a Télam el doctor en Antropología social por la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del Conicet, Diego Zenobi.
Y agregó que «esta respuesta del Estado llega tarde, aunque es bienvenida, y es producto de la articulación, el trabajo y la movilización de las propias víctimas».
«Cada conquista se construyó de abajo para arriba, desde la organización y las convicciones, pero por sobre todas las cosas bajo un deseo que creo es transversal entre todos y todas los sobrevivientes y todos los familiares, que Cromañón nunca más se repita, y la memoria por los pibes y las pibas le ganen al olvido», compartió Pappolla.
«En la puerta del 2024 nos encontramos con poner en práctica lo aprendido. En el formato que encontremos Cromañón nos enseñó. En estos casi 20 años se ha hecho un recorrido y se ha marcado para generaciones que vienen por dónde hay que ir y cómo nunca abandonar las causas porque cuando son nobles el resultado llega», concluyó Oyola.
El 30 de diciembre del 2004, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en un incendio en el ex boliche República Cromañón durante un recital de la banda de rock Callejeros.
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