En horas de la tarde del viernes la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo acuerdo paritario con los principales gremios docentes y estatales, en medio de un escenario económico marcado por la caída del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos.
El incremento salarial —sumando retroactivos— se traduce en un aumento efectivo de aproximadamente 4,5 puntos para el mes de febrero (uno por ciento correspondiente a diciembre 2025 y un tres por ciento en enero 2026). Además incluye la reapertura de las negociaciones en febrero, con el objetivo de revisar la evolución de los ingresos frente a la inflación.
Para la administración de Kicillof este acuerdo representa un gesto de responsabilidad y de diálogo en un marco general en el que los recursos son escasos. El recorte de transferencias por parte del Estado nacional y una recaudación que no logra recuperarse no dejan de ser impedimentos fuertes en la práctica cotidiana.
Los porcentajes alcanzados, no obstante, no recuperan lo perdido por los trabajadores estatales a los largo de los últimos años ni dan cuenta de certezas sobre el futuro inmediato. Aunque lo positivo a tener en cuenta es que tanto el Ejecutivo como los gremios siguen privilegiado el diálogo por sobre los cruces acusatorios y la confrontación.
Mantener la mesa de conversaciones abierta y consensuar incrementos mes a mes representa la base fundamental sobre la que se sientan las expectativas de los asalariados para intentar apaciguar los efectos de la inflación.
El desafío, el mes entrante, será transformar esta reapertura de las discusiones en una negociación que no pierda de vista el contexto inflacionario ni el deterioro salarial, garantizando ingresos acordes frente a los costos actuales de la canasta básica.
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