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Unas 1.500 muertes al año, en todo el país, tienen sello de sicarios

En los últimos días hubo varios casos de este estilo, como el perpetrado en La Plata, donde el interventor de la UOCRA, Juan Garcilazo, fue ultimado en un presunto ajuste de cuentas.

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Un 40 por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en todo el país están ligados a episodios vinculados con sicarios, donde este tipo de asesinos se cobran la vida de unas 1.000 personas cada año en hechos violentos y mayormente vinculados con el narcotráfico o con la mafia china.

Así lo reveló la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), cuyo titular Claudio Izaguirre señaló que son 1.042 los crímenes de este tipo por año en todo el país tomando como referencia los 2.605 que figuran en el último relevamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El licenciado en Seguridad Pública Luis Vicat alertó además que la modalidad se extiende en todo el territorio argentino y detalló que “en el Gran Buenos Aires se puede contratar un sicario a partir de 5.000 pesos o, incluso, algunos reciben droga como parte de pago”.

En los últimos días hubo varios casos de este estilo, como el perpetrado en La Plata, donde el interventor de la UOCRA, Juan Garcilazo, fue ultimado en un presunto ajuste de cuentas.

Otro episodio similar fue el relacionado con Norma Carleti, una empresaria de Tunuyán, Mendoza, quien, según sospechan los investigadores, fue mandada a matar por su ex pareja, el dirigente radical Leonardo Hisa.

Para Izaguirre, “el que dio inicio al sicariato fue el episodio de Ruti”, donde una persona murió durante una lluvia de disparos en medio de una procesión en la Villa 1-11-14.

“A partir de allí es una profesión en expansión en la Argentina, dada la impunidad con la que han contado sus predecesores a lo largo de los últimos años. Puede prestar servicios al narcotráfico o a distintas mafias asentadas en el país, como la Ndrangheta, Tríadas chinas o la Yakuza japonesa”, apuntó.

El titular de la AARA consideró que “uno de los casos más resonantes es el de Nicolás Faeda, de tan solo 23 años, que contaba al momento de su detención con 74 causas penales abiertas y por cada trabajo cobraba 20.000 pesos”, aunque aclaró que “hay diferencia de precio y ejecutor según el tipo de individuo a desactivar”.

“En objetivos de alta gama, se contrata a ciudadanos colombianos o mexicanos que cobran por adelantado el trabajo.

Arriban a la Argentina, hacen la inteligencia previa y con el pasaje de vuelta en su poder ejecutan al señalado para dos o tres horas más tarde estar fuera de Argentina, ya sea en Ezeiza o en algún catamarán rumbo a Carrasco o Montevideo”, detalló.

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