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Un debate aún no saldado: ¿Cómo se financia la política?

Coinciden en trazar un panorama crítico de la actual legislación, haciendo hincapié principalmente en cuatro aspectos: la falta correlación entre la ley nacional y la provincial; la habilitación de donaciones en efectivo; la realización de controles tardíos; y la ineficacia de las sanciones.

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Escribe José Jiménez
Agencia DIB

La Plata – Los escándalos por los aportantes truchos y los denominados “cuadernos de la corrupción”, volvieron a darle centralidad a un debate siempre postergado: el financiamiento de la política. O dicho de otro modo, de dónde salen los millones de pesos necesarios para desplegar, cada dos años, la impresionante maquinaria electoral de los partidos.

Consultados por DIB, especialistas de Poder Ciudadano, Cippec y responsables de partidos políticos coincidieron, cada uno a su manera, en trazar un panorama crítico de la actual legislación, haciendo hincapié principalmente en cuatro aspectos: la falta correlación entre la ley nacional y la provincial; la habilitación de donaciones en efectivo; la realización de controles tardíos; y la ineficacia de las sanciones.

De acuerdo a la ley nacional, existen dos regímenes de financiamiento partidario: uno corresponde al período ordinario, y el otro regula exclusivamente la campaña.

En el primer caso, se permite el aporte de personas físicas y jurídicas por igual, destinados al “desenvolvimiento institucional”. El Estado, en tanto, entrega un fondo que varía según la performance de cada partido en la elección previa.

Durante la etapa proselitista (35 días antes de los comicios), las alianzas y partidos políticos tienen prohibido recibir fondos de empresas, y solo pueden financiarse a través de aportes de personas físicas o del dinero que le brinda el Estado, a través de dos vías: un monto para la impresión de boletas (igual para todos) y espacios publicitarios gratuitos en radio y televisión, que se distribuyen primero por un piso igualitario y luego según el resultado de la última elección.

Aquí aparece el primer punto gris: ¿se controla que los partidos utilicen sus fondos “ordinarios”, muchas veces aportados por empresas, durante la campaña? El Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, lo pone en dudas: “La dicotomía planteada por la ley hace muy difícil el trabajo de la justicia electoral, que tiene que diferenciar qué dinero ingresó para la vida ordinaria de los partidos y cuál para la campaña electoral”, señaló.

En las sombras

Este mecanismo, sin embargo, está lejos de ser la principal vía por donde se canalizan los aportes empresariales para las campañas. María Page, investigadora asociada del área de Instituciones Políticas de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), menciona dos prácticas que utilizan los partidos para moverse en los márgenes (y más allá) de la ley: la declaración de una gran masa de dinero en efectivo, que impide hacer una trazabilidad de esas donaciones, y la aparición de nóminas enteras de personal de empresas en las listas de aportantes.

Secchi coincide: “En la práctica, las empresas de forma ilegal o a través de personas físicas siguen siendo los principales aportantes de las campañas electorales”, sostiene. Y agrega que “el mayor desafío para los partidos no es obtener donaciones, sino conseguir nombres de ciudadanos que puedan “blanquear” los fondos de las empresas”.

Zona gris
Los especialistas calculan que los montos declarados por los principales partidos durante la campaña son apenas el 10 o el 15% de lo que realmente gastan. Durante la última campaña bonaerense para la elección general de diputados y senadores nacionales, las cinco alianzas participantes (Cambiemos, Unidad Ciudadana, 1País, Cumplir y el FIT) aseguraron haber gastado $ 180,2 millones.

El 71,7% del total de aportes, según las rendiciones que analiza la Justicia, fue realizada en efectivo. 1País y el FIT recibieron todo por esa vía, mientras que Cambiemos lo hizo con el 81% de sus fondos. En el otro extremo, UC aseguró haber recibido casi la totalidad de sus ingresos a través de sistemas trazables.

Sin embargo, esto explica apenas las operaciones en blanco, la punta de un inmenso iceberg que navega por debajo de cualquier regulación. El canal predilecto para derivar estos fondos en negro es el aporte “en especie”: empresas o privados que contratan servicios, brindan infraestructura o logística para el transporte de los candidatos y luego los incorporan, “dibujados”, a sus balances, como actividades propias de su negocio.

Pero ¿cómo es posible que la Justicia no pueda advertir estas maniobras? La clave está, para María Page, en los controles a destiempo. En efecto, los partidos están obligados a presentar sus balances 90 días después de las elecciones. Recién ahí los auditores comienzan a analizar los números. ¿Cómo podrían, por caso, determinar qué gastos demandó la organización de un acto realizado en un rincón de la provincia en el inicio de la campaña, cuatro meses antes?

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