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Siguen diferencias entre inquilinos y propietarios por la Ley de Alquileres

En la Comisión de Legislación General de la Cámara baja expresaron su opinión representantes de asociaciones de inquilinos, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de Defensa del Consumidor.

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La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizó una nueva ronda de consultas sobre la reforma a la ley de alquileres, en la que persistieron profundas diferencias ya que mientras las entidades de defensa de los inquilinos piden mantener la actual norma, los martilleros, corredores inmobiliarios y propietarios piden cambiar la extensión de los contratos y su actualización anual.

Durante la reunión de la comisión -que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos)- expusieron treinta invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor, y mañana se efectuará la última reunión informativa con otros sectores del mercado inmobiliario.

«Si mañana (por el miércoles) la evaluación de los diputados es que hagamos otra reunión más lo vamos a charlar y estableceremos una fecha, sino la semana que viene nos abocaremos a la discusión de un dictamen», afirmó Moreau, al abrir el debate.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la ley sancionada en 2020 ante la reducción de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.

El primero en exponer fue Federico Priori de Inquilinos Agrupados de Neuquén, quien sostuvo que «el que debe equilibrar esa relación asimétrica entre inquilinos y propietarios es el Estado» y planteó que «acá se van a disputar dos modelos: uno tiene que ver con la intervención del Estado y otro que directamente las leyes del mercado nos gobiernen», a la vez que se pronunció a favor de «defender el ajuste anual y los contratos de 3 años».

Por su parte, la investigadora Laura Ceroli, docente de Planificación Urbana, consideró que la actual ley «es perfectible» y destacó la importancia de «mantener contratos de 3 años, reemplazar el índice de actualización por uno más representativo que abarque a toda la población inquilina, así como la penalización para propietarios de viviendas ociosas».

También, Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que «el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, que debe tener respuestas por parte del Estado. La vivienda tendría que ser una política de Estado» y destacó la importancia de buscar «una política de créditos para que los inquilinos vuelvan a ser propietarios y una política para incrementar la oferta».

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