El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, oficializó la reglamentación que permite la ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante el régimen de Concesión de Obra Pública, en busca de atraer capitales privados para financiar al sector energético.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 83/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, incorporando un nuevo apartado técnico a «Los Procedimientos» que rigen el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La normativa incorpora un nuevo apartado al reglamento del sistema eléctrico que regula las “ampliaciones por concesión de obra pública”, con el objetivo de fomentar inversiones privadas y garantizar el abastecimiento de energía.
Según el esquema aprobado, las obras serán adjudicadas mediante licitaciones públicas nacionales o internacionales y estarán a cargo de empresas que asumirán la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura como concesionarios.
El anexo de la resolución detalla que estos proyectos podrán ser impulsados tanto por el Estado como por iniciativas privadas, y que cada adjudicatario firmará un contrato específico de concesión para ejecutar las ampliaciones del sistema de transporte eléctrico.
Las obras no se financiarán con presupuesto público directo, sino que podrán ser solventadas mediante la aplicación de tarifas a los usuarios o agentes del mercado que se beneficien directamente de la mayor capacidad de transporte.
El nuevo régimen también fija que las concesiones tendrán un plazo limitado: una vez finalizado -que no podrá superar los 30 años desde la habilitación comercial-, las instalaciones deberán ser transferidas al Estado nacional sin costo.
Durante la ejecución, los concesionarios actuarán como transportistas independientes y deberán cumplir con exigencias técnicas y regulatorias, bajo supervisión de las empresas transportistas existentes o prestadores técnicos del sistema.
En relación con el control, se informó que continuará interviniendo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad hasta que entre en funcionamiento el nuevo ente unificado creado por ley, que integrará la regulación del gas y la electricidad.
