En medio de la discusión por la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo y su impacto en la ruralidad, desde el gremio de los trabajadores rurales advirtieron que cualquier cambio normativo debe contemplar las singularidades propias del trabajo agrario, que exceden lo estrictamente laboral y atraviesan de lleno la vida familiar, el arraigo y la organización social en el campo.
Por: José L. Amado -Periodista Agro- Exclusivo para GRUPO LA VERDAD
Así lo expresó José Voytenco, el secretario general de la UATRE, quien sostuvo que, si bien la Ley 26.727 —vigente desde 2011— puede requerir actualizaciones, esas modificaciones no deben alterar sus principios esenciales ni desconocer la realidad cotidiana de los trabajadores rurales.
“Las regulaciones no solo afectan a los empleados, sino también a sus familias, que por la naturaleza del trabajo acompañan el proyecto de vida en mayor medida que en otros sectores”, remarcó Voytenco.
En ese sentido, cuestionó que el debate actual ponga el foco casi exclusivamente en la registración laboral sin atender un problema estructural persistente: la marginalidad en amplias zonas rurales. La falta de conectividad, la escasa presencia del Estado y el aislamiento de muchos establecimientos generan un contexto propicio no solo para la informalidad, sino también para prácticas más graves, como el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral.
Desde la UATRE alertaron que una mayor liberalización de las modalidades de contratación podría agravar ese escenario. Recordaron que el espíritu original de la normativa agraria fue promover el trabajo permanente como política de Estado para fomentar el arraigo de las familias rurales, dejando la contratación temporaria como una excepción y no como regla general.
Otro de los puntos cuestionados es la ampliación del período de prueba a ocho meses. Según el dirigente, esa modificación permitiría cubrir faenas estacionales completas bajo la figura de prueba, facilitando despidos sin estabilidad y afectando directamente a las familias, en particular a la escolaridad de los hijos y al asentamiento definitivo en las comunidades rurales.
También expresó reparos sobre la eventual reducción de la responsabilidad solidaria de terceros contratantes. “En el campo, la tercerización rara vez está debidamente documentada. La experiencia demuestra una ausencia sistemática de registros formales, por lo que eximir responsabilidades aleja la ley de la realidad”, sostuvo.
En cuanto a la posibilidad de flexibilizar el cumplimiento de obligaciones salariales ante situaciones de fuerza mayor, el gremio remarcó que los trabajadores no participan de las ganancias extraordinarias y, por lo tanto, tampoco deben asumir los riesgos empresariales. “La indemnidad del trabajador debe seguir siendo prioritaria”, subrayó.
Finalmente, el dirigente planteó que la actualización del régimen laboral rural podría canalizarse de manera más ágil y efectiva a través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), ámbito en el que el Estado y los representantes del sector debaten y definen condiciones de trabajo, salarios, vivienda, alimentación y seguridad laboral. “Ninguna reforma puede ir en contra del arraigo, la educación, la salud y el desarrollo del campo”, concluyó Voytenco.
