La Administración Central, empresas públicas así como organismos descentralizados no podrán tomar, en los próximos dos años, nuevos empleados públicos para cubrir las vacantes que surjan por renuncias o jubilaciones, y solo lo podrán hacer si lo autoriza la Jefatura de Gabinete.
La prohibición está incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 que quiere aprobar el Gobierno en las sesiones extraordinarias, y por el cual el oficialismo busca acuerdos con los mandatarios provinciales para construir las mayorías que permitan sancionar esta clave iniciativa.
A diferencia de los dos primeros años de Gobierno, el oficialismo tendrá en diputados 88 diputados propios y alcanzará unos 110 con sus aliados, pero necesita el respaldo de gobernadores para alcanzar los 129 votos en diputados para habilitar la sanción y la aprobación en general y particular de la ley de leyes.
Por ese motivo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli mantienen todos los días encuentros para conseguir el respaldo de los mandatarios para aprobar el Presupuesto 2026, donde el principal objetivo es que mantenga el superávit fiscal.
Uno de los puntos que se incluyó en el Presupuesto es la prohibición de cubrir cargos vacantes sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros y establece determinadas excepciones.
“Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros”, se señala en el artículo 7 del Presupuesto.
