Polémica por un proyecto que busca anular prisión preventiva en casos de corrupción - La Verdad Online de Junín, Buenos Aires, Argentina
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Polémica por un proyecto que busca anular prisión preventiva en casos de corrupción

Se trata de un proyecto que lleva la firma de las senadoras María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara, quienes en los fundamentos señalan que «en los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos».

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Un grupo de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que busca eliminar la prisión preventiva en casos de corrupción por «linchamientos mediáticos», y desde la oposición salieron a cuestionar duramente la iniciativa.

Se trata de un proyecto que lleva la firma de las senadoras María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara, quienes en los fundamentos señalan que «en los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos».

El escrito va en consonancia con la posición que viene manifestando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en referencia a los que llama procesos de lawfare (guerra judicial), y toma como referencia los pasajes del primer discurso del presidente Alberto Fernández en el que sostuvo que «una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia» y que «cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana».

En su artículo segundo la iniciativa enumera nueve condiciones en las que se declararía la nulidad de las órdenes de detención y las prisiones preventivas, entre las que se destaca la «publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución».

También advierte sobre los casos en que «no se hubiera realizado control de convencionalidad de oficio a fin de constatar la pertinencia de esta bajo los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos», y en los que exista un «incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso».

En los fundamentos, también sostiene que «muchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales» y lo relaciona a una «amplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros».

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