Pidieron enviar a juicio un comerciante y cinco policías bonaerenses - La Verdad Online de Junín, Buenos Aires, Argentina
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Pidieron enviar a juicio un comerciante y cinco policías bonaerenses

En uno de los hechos, las víctimas recuperaron la libertad luego de que sus familiares entregaran 300 mil pesos en las inmediaciones del Hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita; y en el otro, los jóvenes fueron liberados sin que se llegara a pagar el rescate en el barrio porteño de Constitución.

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Un comerciante y cinco policías bonaerenses fueron elevados a juicio acusados por dos secuestros extorsivos ocurridos el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2020. La titular de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, Mariela Labozzetta, y el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich, le solicitaron al juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, la elevación a juicio de la investigación seguida contra una banda integrada por civiles y miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires por su participación en los dos secuestros extorsivos, con cuatro jóvenes víctimas en cada uno.

Según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la investigación se inició a raíz de dos denuncias presentadas por familiares de las personas secuestradas, que recayeron en las Fiscalías Federales N°10 y N°7 de la Ciudad de Buenos Aires pero que, al verificarse que los sucesos ocurrieron en Morón, se declinó competencia en favor de esta última.

En ambos hechos denunciados, las víctimas habían acordado encontrarse con uno de los imputados, único civil integrante de la banda, a fin de cometer un robo. Sin embargo, cuando llegaron al lugar de encuentro, fueron interceptados por los oficiales de la Policía, quienes los redujeron, los golpearon e insultaron, para luego trasladarlos al destacamento policial José Ingenieros, de Ciudad Evita, desde donde los obligaron a comunicarse con sus familiares para exigirles dinero a cambio de su liberación.

En el primer hecho las víctimas recuperaron la libertad luego de que sus familiares entregaran 300 mil pesos en las inmediaciones del Hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita. En el segundo suceso, fueron liberadas sin que se llegara a pagar el rescate en el barrio porteño de Constitución, donde se había acordado la entrega. En ambos casos, los ocho jóvenes fueron golpeados y despojados de algunas de sus pertenencias.

En las últimas horas, la fiscal Labozzetta y su colega Marquevich presentaron la elevación a juicio, en la que indicaron que «estas circunstancias, unidas a la particular forma en la que las víctimas fueron contactadas con la promesa de pago por la realización de actos criminales, nos llevan a afirmar que estas personas pusieron en marcha todo un ardid cuyo objetivo era proceder al secuestro de las víctimas para cobrar rescate por su liberación, no previendo en ninguno de los casos que iba a ser investigado judicialmente ya que resultaba poco probable que un grupo de víctimas que se encontraban en un determinado lugar para cometer un delito fueran a denunciar el hecho del que fueron víctimas finalmente».

También señalaron que «el ardid utilizado en los primeros momentos de los contactos, en ambos casos, constituyeron el principio de ejecución de los secuestros extorsivos y, como claramente podrá advertirse, ambos hechos fueron ejecutados en forma coordinada sobre la base de un plan común previamente pergeñado, evidenciando una modalidad comisiva similar entre sí».

Y añadieron que «otra característica común del modus operandi de los autores del hecho es la circunstancia que en ambos casos buscaron un grupo de víctimas al que pudieran ofrecerles un «trato» vinculado a una actividad delictiva, y así se podía llegar a enmascarar los verdaderos fines propuestos con el labrado de actas, si no se podía alcanzar su cometido (tal como ocurrió en el segundo de los hechos)».

Así, y en base a las pruebas colectadas, Labozzetta y Marquevich solicitaron que parte de los y las funcionarios y funcionarias integrantes del destacamento policial de José Ingenieros vayan a juicio como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, por la intervención de tres o más personas, y por ser miembros de una fuerza de seguridad; robo agravado por haberse cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, cometido en poblado y en banda y por ser sus autores miembros de una fuerza de seguridad; e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Y por los mismos hechos, pero sin el agravante de integrante de una fuerza de seguridad, se requirió la elevación de la investigación respecto del comerciante de nacionalidad china.

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