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Locales

Piden la nulidad de lo actuado en la detención de los gitanos

El Dr. Eduardo Aguilar es el abogado de cinco integrantes de la comunidad gitana detenidos siete días atrás durante los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Junín en el marco de una causa en la que se investigan los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

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En diálogo con LA VERDAD, el doctor Aguilar adelantó que ha pedido la nulidad de todo lo actuado, desde las escuchas telefónicas pasando por los allanamientos hasta llegar a considerar que la competencia de los delitos que se investigan les corresponde a dos juzgados federales en lo criminal y correccional y no al que se encuentra a cargo del Dr. Héctor Pedro Plou.

Universidad Siglo 21

“Considero que no existe la figura de la asociación ilícita ni de lavado de activos en los hechos que se están investigando y por eso pedí la inmediata libertad de mis defendidos”.

Cabe acotar que el Dr. Eduardo Aguilar es el asesor letrado de Pablo Miguel y tres de sus hijos, por un lado, pero además de una quinta persona que el día de los allanamientos se encontraba en el domicilio -de Pablo-, “porque simplemente había llegado a la madrugada de ese lunes a la casa de su padre y cayó en el allanamiento sin que exista ningún tipo de investigación ni escucha telefónica ni absolutamente nada en su contra. Fue detenido junto a su hermano al que sí le imputan haber realizado llamadas o algún tipo de participación”.

Acotó el abogado que “este chico no tiene ni arte ni parte. Hace más de dos años que está en Corrientes. En realidad, estaba prófugo por otra causa. Había venido a entregarse y solucionar su problema legal. Acató la detención porque pensó que era en el marco de la causa que tenía pedido de captura”.

“Recién cuando lo llevan a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal por el delito de lavado de activos y asociación ilícita dice que no tiene nada que ver. Es un caso de discriminación”.

Por su situación, el Dr. Aguilar presentó un “habeas corpus. Lo tienen que liberar inmediatamente porque es una enormidad jurídica y la detención es ilegítima”.

Profundizó aún más el abogado al señalar que “en realidad es ilegítima en todos porque no es lavado de activos la venta de autos usados. En el país se realiza con gran informalidad, no se facturan. Se concretan solamente a través de boletos. La comunidad gitana no escapa a ese tipo de informalidad y tienen muy poco declarado, o nada, de tal suerte que no se puede hablar de blanqueo de activos si no están blanqueando absolutamente nada”.

Por eso, “pedí la nulidad de los allanamientos y de las escuchas”.

EL INICIO DE LA CAUSA
Esta causa, sostuvo, “se inicia porque un ciudadano va a Comisaría Primera a radicar una denuncia en la que sostuvo que una “persona oriunda de Junín estaría haciendo en Buenos Aires el cuento del tío y con ese dinero compraba droga y la traía a Junín. A partir de ahí el Juez Federal es competente porque estamos hablando de transporte de sustancias en grandes cantidades. Pero ya en la página 30 o 40 del primer cuerpo de la causa -son 20-, da cuenta que se trata de algunos ciudadanos de Junín Neuquén y otros lados, que harían el cuento del tío y estafarían a adultos mayores”.

El profesional entiende que “cuando el juez detecta esa circunstancia, debió interrumpir toda intervención telefónica comunicarle al juez de competencia territorial que le corresponda y declinar la instancia, pero no lo hizo. No solo siguió, sino que además amplió la escucha a otras personas más. Esto es ilegitimo porque ya no tenía competencia”.

Más aún, se “comprobó que se trataba de delitos del cuento del tío que se hacían en Capital. De hecho, hay dos causas una del Nacional Criminal y Correccional, 49 y otra del 4 que están investigando este hecho. La del 4 investiga idénticas personas”. Pero, además, el juez natural de la causa investiga desde 2016 y en Junín se inició en 2017”

Haciendo Obras 2

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