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Panorama bonaerense: Entre un pedido de Fernandez y el segundo semestre

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Escribe Andrés Lavaselli
Agencia DIB

Acotado por la doble restricción que emana de los lineamientos nacionales y la estrecha situación financiera de la tesorería provincial post pago de deuda, Axel Kicillof ensaya su propio modelo de paritarias: En una negociación segmentada, aceptará rediscutir el retroactivos y, al mismo tiempo, buscará reemplazar la cláusula gatillo por negociaciones que el imagina semestrales y los gremios, trimestrales.

Como casi todos los veranos, la pulseada de la administración bonaerense con sus agentes públicos se convirtió en una cuestión de magnitud política nacional. Es que su resultado, sobre todo en lo que hace a los sueldos de los docentes, funciona como una primera señal de lo que el gobierno pretende que ocurra con los trabajadores del resto de las jurisdicciones del país y, también, con las negociaciones del sector privado.

Hay un minué habitual que ya comenzó a desplegarse. El viernes, cuando los gremios de la llamada «administración central» rechazaron la primera propuesta de aumento del gobernador, estaban ejecutando una coreografía acordada. Eran $1.500 para compensar la pérdida salarial de 2019 y $1500 para el primer trimestre. Todos sabían que no alcanza para un acuerdo, ni de lejos. En la realidad, se trata de un piso consensuado para una negociación que comienza el lunes.

Esa negociación es interesante por otra cosa. Se trata de la más compleja para Kicillof. Mucho más que la que mantiene con los docentes. Y eso porque aquellos empleados ya saben que no podrán recuperar el poder de compra erosionado el año pasado y a la vez evitar una nueva caída este. Es una cuestión matemática: lograrlo supone, en una estimación conservadora, un incremento del 70%.

Eso no quiere decir que los maestros no vayan a tensar la cuerda. Pero tienen otro «aires: este mes ya recibieron un aumento y el que viene volverá a cobrar retroactivo pendiente. La mejor posición relativa tiene que ver con su peso político: igual que Daniel Scioli en 2015, María Eugenia Vidal quiso iniciar el año en que jugó su reelección sin paros en las escuelas que irritasen a los padres, que también son electores. Para asegurarse de lograrlo, ambos dieron aumentos al borde de lo no financiable.

En paralelo, el retraso de los sueldos estatales se debe a que no fueron ajustados por cláusula gatillo el año pasado. Y porque Vidal incumplió su promesa de negociar un segundo incremento el año pasado si los precios se disparaban. Si, como se prevé, los gremialistas quieren enmendar esas omisiones, Kicillof tendrá trabajo extra: el gobierno se propone justamente eliminar la actualización automática y, además, negociar en dos tramos.

Esa arquitectura no es arbitraria: el gobierno, que se prepara para una demora adicional en el tratamiento del presupuesto, atada a su vez a la negociación por la deuda, no espera ningún repunte económico perceptible hasta después de junio. Es decir, no cree que la recaudación, que básicamente se explica por un impuesto tan atado al nivel de actividad como Ingresos Brutos, mejore antes de mitad de año. Dicho de otro modo: en silencio, apuestan a su propio segundo semestre.

Por eso, Kicillof apenas habilitó a sus negociadores a conversar la posibilidad de mejorar algo el pago imputable al año pasado. También habrá retoques en el incremento «hacia adelante». El fin del gatillo», en cambio, luce innegociable. No es solo una convicción del Gobernador. Es también un pedido del gobierno nacional con el que acaba de iniciar una negociación, crucial, para que aumente las remesas que recibe la provincia.

Esa es una conversación quem, más temprano que tarde, terminan por intentar todos los que sientan en el sillón de Dardo Rocha. Esta vez fue rápido. Habrá que ver qué tiene para aportar de novedoso, en ese plano, el Frente de Todos. Se trata de un test ácido no solo en sentido financiero: ¿Resolverán esa cuestión con modales menos lesivos para el capital político propio que los que se vieron en el affaire Berni-Frederick?

Indicios

Mientras, a mitad de semana se constituirá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las emergencias aprobadas por la Legislatura, a instancias del Gobierno, a fines del año pasado. Kicillof enviará a un grupo de ministros a dar los informes de avance que están previstos por la ley. Su objetivo, más que la escrupulosidad institucional, es la señal política: quiere diferenciarse de Vidal, que también gobernó con emergencias pero nunca cumplió con este paso.

Para el mundo de la política será una buena ocasión para corroborar otra cosa. Los nombres que integren ese cuerpo tal vez den pisas sobre el estado de la interna en Juntos para el Cambio, sometido a una horizontalidad de liderazgos propia del pase a la oposición pero inusual en su –relativamente breve- historia como coalición

Andi

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