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Oposición a la intervención del Estado en el mercado inmobiliario

“El Estado no ha podido proveer cantidad suficiente de viviendas y generar las políticas necesarias para que todo el mundo tenga acceso a ellas”, dijo Daniel Di Palma.

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Por Redacción Grupo La Verdad

Desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) se formularon críticas ante una eventual intervención del Estado para tratar de bajar los precios de los alquileres. Además, evaluaron que la ley de alquileres “fracasó” y que desde su implementación “el costo de los inmuebles aumentó, se retrajo la oferta y no se solucionó el problema habitacional que tiene la Argentina”.

Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros, dijo a La Verdad que “en un mercado que se maneja entre oferta y demanda son imposibles las intervenciones. Está a la vista, en todo el mundo, que la problemática habitacional y de la locación se ha visto acrecentada por la pandemia. Abordar el problema desde una cuestión simplista o reducirla a precios, es una falsa premisa. Esto hay que abordarlo desde sectores interdisciplinarios”.

El martillero remarcó que “no sólo hablar de precios sino de las cuestiones macroeconómicas que afectan a la calidad del ingreso de los habitantes, de la falta de salarios dignos y de un perfil de la economía con una dinámica de crecimiento que genere cuestiones diferentes a las que estamos acostumbrados a ver”.

El mercado
Resaltó luego que “las reacciones son propias de un mercado que ve situaciones que impactan, directamente, contra el bolsillo del que ha invertido para producir o disponer de un inmueble en locación para paliar un déficit del Estado, que no ha podido proveer cantidad suficiente de viviendas y generar las políticas necesarias para que todo el mundo tenga acceso. El problema habitacional ha sido suplido por el privado y la locación ha sido cubierta, en más de un 80 %, por el sector privado”.

“Hoy vemos, en medio de la pandemia, se habla de la reforma de la derogación de ley 23.091, implementada en tiempos de Alfonsín. En 2015, con el código nuevo, hubo un montón de situaciones y cambios. Tengamos en cuenta que quien alquila es un ciudadano que dispone de un sueldo para vivir y que no ha tenido posibilidades ni políticas habitacionales para poder comprar, ya sea con subsidios o créditos dispuestos, más allá del Procrear. Las puertas se fueron cerrando al igual que las posibilidades producto de la gran devaluación”, dijo.

Situación difícil
Di Palma habló de la difícil situación que se atraviesa explicando que “en Alemania, España, Estados Unidos, se está estudiando de qué forma establecer una regulación del mercado, están convocando a ambos sectores, hay negociaciones entre locadores y locatarios, hay métodos y formas para poder focalizar una problemática pero hablamos de ciudades con componentes demográficos diferentes al nuestro y una dinámica diferente del crecimiento de la economía”.

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