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Regionales

Opinión dividida por el monitoreo de las cuentas

Mientras que desde el oficialismo se plantea como una herramienta “necesaria e importante”, para la oposición significa una pérdida de recursos y autonomía para los municipios.

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La sanción en la Legislatura del Pacto Fiscal, en noviembre pasado, llevó a los jefes comunales a manifestarse y sentar postura a favor y en contra de planificar de una manera más “controlada” por la provincia sus cuentas locales. Los ejemplos de un lado y del otro son variados en la región y aún a esta altura del año siguen los resquemores.

Macro Crédito al Instante

Aunque si bien la estrategia es no mostrarse confrontativos, es el denominador común en los distritos cercanos a Junín, sobre todo los dominados por el PJ, a pesar de ser de la oposición, que los cuestionamientos se basen en la pérdida autonomía de sus municipios.

Los municipios pueden adherir voluntariamente, establece que las gestiones locales no pueden endeudarse por encima del 10% de sus recursos; no podrán aumentar su gastos por encima de la inflación; prohíbe a los intendentes, en los seis meses previos a dejar el cargo, aumentar el gasto corriente; limita el incremento de la planta de personal por encima del aumento de la población y, sugiere la reducción en las tasas de Seguridad e Higiene, Alumbrado, Barrido y Limpieza.

En Junín, por caso, en el mes de enero, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la iniciativa que contó con el rechazo de Unidad Ciudadana. El Gobierno de Petrecca aprobó la adhesión tras un aumento promedio de las tasas del 25%.
En aquel entonces, el intendente Pablo Petrecca denunció que sucedió en Junín en 2015, cuando el exintendente Mario Meoni le había dejado un pasivo de $ 110 millones.

A FAVOR
En Chacabuco el Intendente radical Víctor Aiola consideró “importantísimo y necesario” para lo que se plantea el Municipio que es “reducir el gasto al mínimo y aumentar la cobrabilidad”.

 En Lincoln, Salvador Serenal, dijo que “nos parece muy bien para que los municipios estemos a la altura de las circunstancias y que haya un municipio trabajando para los vecinos y no por beneficio propio”.

En 9 de Julio destacaron tener un Municipio “históricamente ordenado, que cumple con los requisitos, por lo que a nosotros esta ley no nos modifica en nada”.

En Bragado y General Arenales indicaron que “es un paso más hacia el equilibrio de las cuentas y el ordenamiento tan necesario”.

En Chivilcoy, el massista Guillermo Britos había manifestado que no veía otra salida que inclinarse por “el mal menor”, evidenciando su desacuerdo con algunas disposiciones.

EN CONTRA
El Jefe Comunal de Carlos Casares aseguró a que no está en contra del monitoreo de las cuentas públicas, pero que sí se opone al avasallamiento de la autonomía municipal: “El Pacto Fiscal no atiende la impronta de cada distrito”, señaló.

“La sostenibilidad es una condición necesaria para las políticas públicas saludables, dado que los efectos de los desequilibrios fiscales inciden en el planeamiento y ejecución de las mismas”, expresó, en su momento, la gobernadora María Eugenia Vidal en los fundamentos de la ley 14984, conocida como Ley de Pacto Fiscal.

En tanto, el intendente de Alberti, Germán Lago, opinó que coincide “en términos generales” con la propuesta. No obstante, remarcó que una iniciativa como esa requiere “conocer la idiosincrasia de cada uno de los 135 municipios” y que, en rigor, “va en detrimento de la planificación, el diseño y el desarrollo que cada intendente le da a su localidad”.

 “A mí nadie me llamó para preguntarme cuál es el diseño para el desarrollo de mi ciudad”, se quejó Lago.

Finalmente, en Leandro N. Alem, el intendente kirchnerista Alberto Conocchiari puso reparos a la adhesión, al afirmar que el Pacto Fiscal es “altamente negativo” para el interior.

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