Por Redacción Grupo La Verdad
El ex fiscal Javier Ochoaizpuro hizo una evaluación del funcionamiento de algunas instituciones del Estado que están ligadas a la situación social y de inseguridad a las que Junín no escapa.
En el marco de un contexto complejo, el ex funcionario del Ministerio Público Fiscal, dejó algunas definiciones a partir de la experiencia de su trabajo cotidiano.
“La falta de recurso que se dedican a determinadas instituciones es el problema grave”, dijo.
“Son temas recurrentes, que tienen que ver con decisiones de instancias superiores que van fijando criterios y los jueces de primera instancia e intermedia tienen que adecuar sus decisiones a las de un superior. Y a veces estas tienen que ver con cuestiones netamente jurídicas y otras con cuestiones jurídicas, políticas y sociales”, señaló el letrado en principio.
“A veces se van flexibilizando algunas cuestiones. Por ejemplo, durante la pandemia la Corte había emitido una resolución respecto a procurar a que haya un mínimo contacto entre los internos y sus familiares. Desde el punto de vista de la víctima parece injusto, pero desde el punto de vista del ser humano parece justo. La persona por más que esté condenada o restringida su libertad no deja de ser un ser humano que merece el reconocimiento de ciertos derechos”, agregó Ochoaizpuro en el mismo orden.
“Hay situaciones, por supuesto, que a veces van a los extremos. Me parece que hay que equilibrar, llegar a un justo equilibrio y no llegar a los extremos para que la sociedad se sensibilice y cargue con esos funcionarios”, remarcó seguidamente.
Evitar conflictos
Asimismo, el entrevistado planteó que “hay una gran vacancia de funcionarios en todos los órdenes, en la Justicia, en la Seguridad, y eso hace que sea imposible controlar y aplicar los reglamentos carcelarios, en este caso, como corresponde. Me parece que se trata de evitar que haya conflictos, discusiones, lesiones y ahí es a donde comienza a verse la capacidad y la muñeca del funcionario para adaptarse a los pocos recursos que tiene”.
Y completó: “El problema grande es ese. La falta de recurso que se dedican a determinadas instituciones. Estuve 24 años en el Ministerio Público y 14 como fiscal. Hay una política de acusar y de elevar que apunta más a la respuesta social que a lo jurídico. Los jueces de garantías en Junín, por lo menos, aplican la ley y las resoluciones y jurisprudencia de sus superiores. El tema es que a veces hay cuestiones sensibles que distorsionan”.
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