Intendentes y legisladores del Frente de Todos (FdT) de la provincia de Buenos Aires manifestaron en los últimos días su «adhesión» al pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia por «mal desempeño en sus funciones» impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores.
En este sentido, consideraron que «el Estado de derecho y la división de poderes que establece nuestra Carta Magna se encuentran bajo amenaza» y también «el federalismo».
Al respecto, Grupo La Verdad consultó al Dr. Jorge Meza, quien fue contundente al aseverar que «no tiene asidero jurídico el pedido de juicio político a la corte» y explicó que «el motivo por el que pretende el gobierno enjuiciar a la Corte es la eventual invasión de potestades por parte del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo o Legislativo, diciendo que se está afectando el equilibrio de poderes y habla del gobierno de los jueces, por ende buscan exponer como consecuencia un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».
«El argumento es ridículo desde el punto de vista jurídico. Lejos de haber incumpliento ha habido cumplimiento», aclaró el letrado, al tiempo que resumió. «para saber si es justo o injusto hay que analizar el fondo del problema. Antes que nada hay que aclarar que los fallos judiciales gusten o no gusten deben cumplirse inexorablemente».
En ese sentido, al referirse al presidente Alberto Fernández sostuvo que «no acatar un fallo es un incumplimiento de deberes de funcionario público y un delito tipificado de desobediencia, eso en cualquier juicio tiene la posibilidad de embargos».
En tanto, sobre el fallo de la Corte Suprema que refiere a la coparticipación federal, Meza, analizó: «desde el punto de vista sustancial para saber si hubo o no invasión de funciones hay que hacer historia. La ley de coparticipación es del año 1988, antes de la reforma constitucional, en ese momento la ciudad de Buenos Aires no era estado y no formó parte de la ley de coparticipación. Era una ley transitoria y la constitución estableció que debería regularse una ley definitiva que no se hizo nunca».
«La coparticipación de la Ciudad fue acordada siempre entre el gobierno nacional y la ciudad desde el año 2002 o 2003 y se estableció en el 1,4% de lo que se coparticipa. Eso fue aumentado durante el gobierno de Mauricio Macri a 3,5% cuando se produjo el traspaso de la policía federal», completó.
Y manifestó: «el decreto presidencial de este gobierno actual establece que se reduce al 2,3% y luego una ley del Congreso lo retorna al 1,4%. A partir de ahí se produce un reclamo vía judicial del gobierno porteño que obtuvo fallo favorable en la Corte tras haber interpuesto un amparo por vía cautelar».
«La corte ha dicho que es inconstitucional el decreto porque fue unilateral y simple, no de necesidad y urgencia y la constitución indica que el Poder Ejecutivo no puede ejercer el rol legislativo si no hay una necesidad y urgencia», agregó el Dr. Meza y apuntó: «además dice que es confiscatorio porque la baja es sideral y además que a CABA se le traspasó una responsabilidad como la Policía Federal sin los recursos correspondiente». «El fallo obligó a devolver lo que se le quitó a CABA y suspender la ley hacia adelante».
«Los jueces tienen la obligación el cuidado de la constitucionalidad de las leyes y los decretos, aún de oficio, sin presentaciones de parte. Entonces se todo lo contrario a lo que plantea el gobierno, hubo un cumplimiento de los deberes de funcionario público con el fallo», cerró.
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