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No hubo sanciones a los menores responsables de los llamados a escuelas

Eduardo Varas dijo que se pidió a cada establecimiento un informe sobre la sanción aplicada a los alumnos implicados que aún no llegó a la dependencia judicial, al igual que no se accionó desde la fiscalía de estado para el cobro de los operativos a los padres o tutores responsables.

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Las reiteradas amenazas de bomba a distintos colegios de la ciudad sobre el fin de año pasado fueron noticia hasta en los medios nacionales. Mucho se dijo sobre esta situación que fue un verdadero dolor de cabeza social durante un tiempo, pero que se fue apagando con el fin del ciclo lectivo y por sobre todo gracias al accionar de la justicia que en varios casos dio con los responsables.

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Sin embargo, a menos de 20 días del comienzo del inicio de clases 2018, el Fiscal Federal Eduardo Varas, quien tuvo bajo su órbita las investigaciones de esos casos, se quejó por la falta de penalidad hacia los responsables de parte de las escuelas y el lento accionar de la fiscalía de estado en el cobro de los gastos de los operativos que se montaron ante cada amenaza, que rondaron en los 20.000 pesos. 

Varas, relató que en este tiempo de receso se siguieron investigando los hechos ocurridos hasta diciembre y la información fue llegando escalonadamente. “Incluso hace pocos días hicimos el último allanamiento cuando se pudo determinar que una persona que había llamado a una escuela era el usuario de ese teléfono, es una persona mayor que está imputada y será llamada a indagatoria en los próximos días”, detalló.

“Se ha seguido investigando, muchos hechos se han esclarecido, en muchos se han imputado personas mayores que son las que llamaron y se han procesado.  En otros casos en particular se determinó que el usuario de tal o cual teléfono eran usuarios menores, es decir inimputables, por lo cual no se podía tomar ninguna medida judicial respecto de ellos”, dijo el fiscal a continuación.

En ese sentido, manifestó que “se hizo lo que estaba al alcance de la justicia. Como primera medida se le pidió a la empresa prestataria que diera de baja la línea, como segunda medida se le informó a cada colegio o directora del colegio que el alumno tal fue el responsable del llamado de amenaza de bomba y se requirió que se informe qué medida disciplinaria se había tomado al respecto y como tercera medida se giraron testimonios del expediente a la fiscalía de estado de la provincia con el costo estimativo de lo que significó el traslado de personal policial y de bomberos de ese llamado”.

Sin embargo, Varas se quejó porque “de todo eso, hasta el momento solo hemos conseguido que la prestataria diera de baja la línea, porque luego los colegios no nos informaron qué sanciones tomaron ni la fiscalía de estado se presentó para que se ejecuten los costos de los operativos que pasamos en aquella oportunidad”.

Más adelante, advirtió que “si partimos de este parámetro y estamos en febrero no nos asustemos de que el día 5 de marzo cuando empiecen las clases tengamos una catarata de llamados, porque hasta aquí llegamos nosotros”.

 “Si identificamos al alumno, le avisamos a las autoridades y si no nos informaron es porque no tomaron ninguna medida, total no pasa nada, lamentablemente es la imagen que estamos dando. Si lo único que hacemos es dar de baja la línea y secuestrar el aparato, pero no lo sancionamos desde la escuela y no le hacemos pagar el costo del operativo a la mamá, al papá o la tía, no sirve para nada. Ahora el chico va, compra otro teléfono, otra línea y se sigue como hasta el momento”, consideró el fiscal federal finalmente.

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