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No hará falta unanimidad para la pena de muerte en Florida

Así lo dictaminó la Corte Suprema de ese estado de los Estados Unidos, revirtiendo un fallo que había tomado en 2016. la ley federal establece ese requisito.

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La Corte Suprema de Florida dictaminó que no es necesaria la decisión unánime del jurado para condenar a muerte, con lo que revirtió un fallo tomado por el mismo cuerpo en 2016 y despoja a más de un centenar de prisioneros de los derechos consagrados en el fallo anterior.

La ley federal, y todos los estados que tienen la pena de muerte en Estados Unidos, excepto Alabama, requieren jurados unánimes para la pena de muerte, en lugar de una mayoría simple.

La ley de Florida exigía que la mayoría del jurado recomendara al juez si sentenciaba a un acusado a muerte y el magistrado emitía luego un fallo final considerando esa recomendación, pero una decisión de 2016 había derribó ese modelo en un caso llamado Hurst v. State, y la Legislatura cambió esa ley para ordenar un jurado unánime.

Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema de Florida votaron hoy a favor del fallo que revierte la decisión de 2016, cuando en el tribunal no había una mayoría de jueces conservadores como ocurre actualmente.

El disidente, el juez Jorge Labarga, nombrado en 2009 por el entonces gobernador, el demócrata Charlie Christ, dijo que votó en contra de una decisión que es «un paso de gigante hacia atrás y acaba con una importante salvaguarda para una aplicación justa de la pena de muerte en Florida».

Actualmente hay 157 casos en el corredor de la muerte donde los condenados son elegibles para una nueva sentencia, en virtud del fallo de 2016, según el Centro de Información sobre Penas de Muerte con sede en Washington.

Sin embargo, la decisión de hoy podría despojar a algunos de los prisioneros de los derechos que les consagraba el fallo anterior, criticó Robert Dunham, director ejecutivo del centro.

El fallo del alto tribunal causó el inmediato reclamo de organismos defensores de derechos humanos para quienes constituye el retiro de un elemento crucial para garantizar la justicia en los casos en que se busca la pena de muerte.

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