Más de nueve mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran -algunos aún lo son- beneficiarios del Potenciar Trabajo en un claro hecho de incompatibilidad. La cifra exacta es 9.413. Así surge de la investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuán.
De esa totalidad el Ministerio de Capital Humano ya dio de baja a 4.588 de esas personas y ahora estudia los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Para los investigadores y el propio gobierno de La Libertad Avanza, este tipo de incompatibilidades es un “claro ejemplo de la utilización política que se hacía del programa”.
La causa está caratulada como “defraudación contra la Administración Pública”. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional era de más de siete mil millones de pesos al mes. Anualizada la cifra ronda los 84.000 millones de pesos sin contar los bonos extras que recibían y aguinaldos.
Marijuan ya había solicitado a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
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