Los militares aún no viajaron a Rosario y piden que los autoricen a portar armas

“He decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros , participe de la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”, sostuvo el presidente Alberto Fernández el pasado 7 de marzo, al referirse a las urgentes medidas adoptadas para paliar la situación de gran inseguridad imperante en el gran Rosario.

A diez días del sorpresivo anuncio, poco es lo que se ha avanzado en la implementación de la orden dictada por el Presidente en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Y no precisamente por rebeldía o mala voluntad de funcionarios civiles y militares del área de defensa, sino más bien por la falta de precisiones operativas, logísticas y -por sobre todo- por la ausencia de voluntad política para brindar a los efectivos militares la seguridad personal que requieren al tener prohibido portar armas por imperio de la ley de Seguridad Interior.

Si bien aún está lejano el despliegue de las tropas en la zona de operaciones, en las últimas horas una “avanzada” cívico militar arribó a Rosario para tomar contacto con autoridades locales y mensurar las tareas que se le han de encomendar a los militares.

“El miércoles un grupo de ingenieros militares y arquitectos civiles que trabajan en la dirección de Ingenieros e Infraestructura del Ejército recorrió diversos barrios rosarinos junto con funcionarios del municipio, representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias Martin Fiorenza”, detallaron a este medio fuentes de la cartera que conduce Jorge Taiana.

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