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La peligrosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas

Por: Dr. Andrés Rosa

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El gobierno viene hablando, de forma imprecisa, de nuevas tareas para los uniformados. Hubo un par de reuniones en Olivos en donde se debatió modificar el decreto 727 de Nilda Garré, que dejo establecido que las Fuerzas Armadas Argentinas no pueden intervenir en temas de seguridad interior. ¨Necesitamos Fueras Armadas que se adapten a las necesidades del siglo XXI y preparadas a las amenazas que hoy nos preocupan¨, aseguro el Presidente la semana pasada, en un acto por el día del Ejército.

Fiel a su estilo, el Presidente no explicó cuál sería ese nuevo rol de los militares. En paralelo, la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista en el programa televiso ¨Animales Sueltos¨ pidió ¨darles a los militares la oportunidad de insertarse en la democracia¨, para agregar ¨tenemos que estar más presentes en las fronteras¨. A decir verdad, la ex presidenta Cristina Kirchner fue la primera, desde el regreso de la democracia, quien llevó a los militares a las fronteras, mediante el operativo ¨Escudo Norte¨ y ¨Fortín II¨ (2011) utilizándolas para patrullar y vigilar la frontera con Paraguay. En este punto, no hay ideas nuevas, solo ideas olvidadas.

Nuestra democracia levanto una muralla china entre el mundo de la seguridad y el de defensa. La clara separación entre asuntos de defensa y asuntos de seguridad, que se generó con las leyes de Defensa, Seguridad e inteligencia, es algo que no deberíamos aceptar romper. Este quiebre sería una definición política importante e implicaría la necesidad de que el Congreso discuta cualquier planteo del Ejecutivo.

Los intentos de involucrar a los militares en la seguridad interior imitan experiencias lamentables de otros países, que tienen consecuencias graves tanto por la generación de violencia como por la degradación de las Fuerzas Armadas, sino, mirar los ejemplos de Méjico y Colombia.
Otorgar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las actividades antiterroristas- que ya están asignadas a cuatro fuerzas federales desvirtuaría el rol profesional de estas y sería una decisión poco racional desde la perspectiva del gasto público.

Además de decir que no está claro que tipo de acciones y organizaciones serian consideradas terroristas.

Otro temor es que, detrás de esta idea, exista la intención de controlar la protesta social, en momentos en que crece la conflictividad social, preparándose para ser más duros en este contexto.

El sistema político debe reafirmar su compromiso con el sistema de demarcación, el control civil de las FF.AA y la definición de políticas de seguridad que fortalezcan la institucionalidad democrática.

De ningún modo las políticas de seguridad pueden ser pensadas desde una lógica militar. Es falso que para desarrollar una política de seguridad se necesitan las Fuerzas Armadas.

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