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La Justicia decretó la quiebra de Oil Combustibles

La empresa es propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes están detenidos por el no pago de más de 8 mil millones de pesos en impuestos.

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El juez en lo Comercial Javier Cosentino decretó hoy la quiebra de la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes están detenidos por el no pago de más de 8 mil millones de pesos en impuestos.
En esta otra causa, el juez en lo Comercial dispone el “desapoderamiento de los bienes” de los empresarios y los activos quedan a cargo de la Justicia.
La quiebra es “con continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo” resolvió el juez y de esta manera para que sigan vigentes los empleados de la refinería de San Lorenzo.
En la causa además están desde el año pasado una intervención judicial decretada por el juez federal Julián Ercolini, y ahora dicha medida fue extendida por unos 60 días.
Por otra parte, el magistrado fijó un plazo de 72 horas para las empresas interesadas en adquirir la compañía se presenten a mostrar.
“Se abre un período de 72 hs. a partir de la notificación por nota de la presente a fin de que potenciales inversores privados interesados en la eventual adquisición de la empresa en marcha, presenten sus propuestas en autos en sobre cerrado y debidamente individualizado para su correcta identificación, o lo hagan de considerarlo pertinente, a los interventores designados en la causa”, expuso en su resolución de hoy.
Se trató, según el juez Cosentino, de un “peculiar proceso universal que por su complejidad y trascendencia que ha motivado diversas reacciones en variados ámbitos de la sociedad”.
“No hay dudas, una mera revisión de la causa en suma a las medidas adoptadas y cumplidas ante tan drástico escenario no permiten otra salida, mal que pese, que proseguir con el cauce previsto dentro del ordenamiento concursal”, señaló.
Mientras tanto, Cristóbal López y De Sousa siguen presos pues un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó una decisión de segunda instancia obligó a que los empresarios vuelvan a cumplir prisión preventiva mientras la causa por administración fraudulenta al Estado avanza hacia la etapa de juicio oral y público junto con el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray también como acusado.

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