Kicillof pasará el verano, pero la oposición lo espera en otoño - La Verdad Online de Junín, Buenos Aires, Argentina
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Kicillof pasará el verano, pero la oposición lo espera en otoño

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Escribe Andrés Lavaselli

El acuerdo evidente pero reservado con la oposición que permitió destrabar la ley impositiva dejó al gobernador Axel Kicillof a un paso de asegurarse las bases de la gobernabilidad del período crítico que se extiende hasta mediados de abril, y que habrá superado si, como parece, el 26 de este mes logra sortear el cuello de botella financiero que le plantea el perfil de deuda heredado de María Eugenia Vidal. Pero muy poco tiempo después, deberá volver a negociar con la oposición, que lo espera a las puertas del otoño con un reclamo por 25 cargos en la estructura del Estado y más fondos para sus intendentes, como prenda para cederle las herramientas que necesita para el segundo tramo de su primer año en el poder.

Contra lo que podría sugerir el sonido y la furia de sus declaraciones públicas, Kicillof no pagó, en términos fiscales, un costo demasiado elevado por los cambios que sufrió el proyecto fiscal en su accidentado tránsito hasta convertirse en ley. Para un paquete que originalmente suponía una recaudación adicional de $30 mil millones, las modificaciones que introdujo él mismo restan unos $3 mil millones, y las que forzó la oposición en el Senado, otros $5 mil millones. «Es menos plata para gestionar y es lamentable, pero no nos complica radicalmente el escenario», es el balance que hicieron, en privado, encumbrados miembros del Gabinete.

Lo central para Kicillof es que ahora, con el nuevo esquema recaudatorio y la emergencia vigentes, tiene las herramientas que quería para afrontar el próximo test ácido, la renegociación de la deuda. El gobierno se mueve bajo una premisa que presidirá todo el proceso: si fallan, la provincia entrará indefectiblemente en default. En esa mirada, lo más complicado es el perfil de deuda heredado, marcado por el aumento de la proporción de obligaciones en dólares y en manos privadas y por el acortamiento de los plazos, que hace que de una deuda total de USD11 mil millones, USD9 mil venzan de ahora a 2023.

Pablo López, el ministro de Hacienda, es el «deudólogo» de Kicillof. Diseñó una estrategia en dos etapas, y comenzó a dar señales de lo que busca: una baja sostenida de las tasas. Lo consiguió, en principio, en la primera colocación de Letras, por $5.500 millones (tomaron bancos, intendentes y aseguradoras) y espera profundizarlo en los próximo días, cuando licite $10 mil millones más. Pero eso es deuda a corto plazo, cuyo manejo está contenido en la ley de emergencia. La prueba de fuego es otra: los USD571 millones que vencen entre el 19 y el 26 de este mes. Es la valla más importante que tiene que saltar el gobierno desde que arrancó.

La exigencia más dura no son los USD250 millones en poder del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, porque al fin y al cabo es deuda intra Estado. En cambio, la que vence primero, los USD270 millones restantes, están en su mayor parte en manos de Fondos de Inversión, acreedores mucho menos «amigables». No hay nada cerrado, pero los contactos con ellos son fluídos. El camino es sinuoso y para colmo, si hay acuerdo, el gobierno habrá dado un paso importante pero pequeño: el que lleva a la segunda etapa de la estrategia oficial, la renegociación global del resto de la deuda.

En paralelo a ese entrevero, el gobierno deberá comenzar a definir qué hace con las paritarias del sector público, lo que complejiza bastante el contexto. Sobre todo si se afirma la idea de desactivar las cláusulas gatillo, que en el caso de los docentes sobre todo, habían permitido acuerdo en contextos, como el actual, de alta inflación. En provincia habría intención de ir por ese lado, como en Nación. Esta vez hay una cuestión a tener en cuenta: la reactivación de la paritaria nacional dicente, que será en principio un logro en sí mismo para los gremios del sector, que son los que hacen «punta» cada año y marcan la pauta para el resto.

Los idus de marzo

La trama política del acuerdo legislativo por la ley de impuestos dejó un cabo suelto: los cargos para la oposición. Esa cuestión había comenzado a tramitarse en diciembre, con un pre acuerdo para tratarlo en una mesa paralela a la impositiva, que se desactivó cuando Kicillof acusó a Jorge Macri (sin nombrarlo) de extorsionarlo con «los carguitos». Ahora hay que reactivarlo, y el antecedente de que el Senado puede ser un ámbito de entendimiento entre el oficialismo y la oposición puede ser clave: fue allí donde JpC aplicó los cambios a la impositiva que Kicillof dejó pasar, para luego criticarlos.

Eso no quiere decir que vaya a ser una negociación fácil: la oposición sabe que el gobernador tendrá necesidades políticas y de gestión nueva. Por eso, buscará hacerse firme en el reclamo de 25 sillones clave, a cambio de lo que intuye que pedirá el Kicillof: la aprobación del presupuesto 2020 (pospuesto hasta el 15 de abril, como máximo, siempre y cuando antes se apruebe el nacional), una eventual nueva autorización de endeudamiento y, tal vez, el nombramiento de nuevos ministros de la Suprema Corte, si se producen las tres vacantes que desea en el máximo tribunal de la provincia.

Todos esos expedientes requieren conformidad del Senado –algunos necesitan mayoría especial- y se tratarán entre la tercera semana de febrero y fines de marzo y mediados de abril. El más urgente para Kicillof es la conformación del directorio del Banco Provincia, como lo demuestra el subrepticio –y fracasado- intento de «colar» en la semana un pliego para reemplaza al renunciando Mario Meoni, un movimiento que solo confirmó que no le dará ese lugar a Sergio Massa, que lo reclamaba para uno de los suyos y se enteró de que lo había excluido en el mismo momento en que se debatían los impuestos.

Hay una fecha clave en esa puja: el 18 de enero, cuando, según un informe interno del departamento legal del Banco, vence el mandato de tres directores de PRO designados por Vidal. Si eso ocurre –y Kicillof no opta por prorrogarlos, como hizo su antecesora en su momento- el quórum para funcionar, que es de cinco miembros, quedará en manos del radical Diego Rodrigo, el único opositor con mandato vigente, además de los cuatro peronistas que también estarán en esa condición. Por eso Cambiemos piden tres de esos sillones, aunque en el Gobierno dicen que no les darían más de dos.

Ese no es el único escenario de disputa: los 25 cargos que pide la oposición –el mismo número que cedió Vidal, justifican- se completan con lugares en organismos de la Constitución (como Contaduría y Tesorería, donde van por los segundos al mando); organismos de control (Oceba, entre otros) y empresas del Estado, como Aubasa y el IOMA, la obra social del Estado provincial. La Tesorería es el de mayor peso político, por eso podría ser incluido en la primera tanda de negociaciones.

Hay una novedad que se confirma: la decisión de reclamar el control de la Defensoría del Pueblo. Allí, le peronista Guido Lorenzino tiene mandato hasta el 1º de enero de 2022, pero en Cambiemos dicen que es un área que tiene que ser para la oposición, debido a la naturaleza de su misión. Y por eso intentarán quedársela. El otro pedido novedoso será la ampliación del Fondo de Infraestructura Municipal: Kicillof aceptó, en la emergencia, ceder $ 2 mil millones a los alcaldes, pero Vidal, en 2016, había entregado 8 mil ¿Habrá apoyo de los intendentes peronistas para este reclamo?

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