Junín
Jubilados: la necesidad de un aumento extraordinario
Escribe: Dr. Guillermo Tapia.

El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, contiene un mandato claro para el Estado nacional: las jubilaciones y pensiones deben ser móviles. Esta movilidad implica que el paso del tiempo y la inflación no deben afectar el poder adquisitivo de los beneficios previsionales, los cuales tienen carácter alimentario.
El Congreso argentino determinó el índice de movilidad jubilatoria a través de la Ley 27609, estableciendo la fórmula que se deberá tener en cuenta para calcular los aumentos de las jubilaciones y los meses en los cuales se producirán dichos incrementos, es decir en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
Por Resolución 201/2022, ANSES determinó el aumento de la jubilación mínima desde septiembre en la suma de $ 43.352,59, monto al que debe adicionarse un refuerzo de ingreso previsional de $ 7 mil, conforme lo determina el Decreto 532/2022. Es decir que desde el mes de septiembre y hasta noviembre inclusive, las jubilaciones mínimas alcanzarán los $ 50 mil.
El Estado nacional deberá otorgar un nuevo aumento a partir de diciembre de 2022. En ese momento sería necesario que el bono de $ 7 mil ya sea incorporado al capital de la jubilación mínima y que, por lo tanto, la movilidad se calcule desde $ 50 mil y no desde $ 43 mil.
Sabido es que nuestro país sufre el azote de graves incrementos generalizados de los precios y claramente, los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima son aún más afectados. Si bien es sustancial reconocer el enorme esfuerzo que realiza PAMI al otorgar una cobertura muy importante en el ámbito de la salud, considero que aún faltan realizar mayores esfuerzos para proteger a todas esas personas que han trabajado durante toda su vida.
En ese orden de ideas, considero que sería indispensable que el gobierno nacional, no solo incluya el bono de $ 7 mil como integrante del monto de la jubilación mínima, sino que, además, otorgue un aumento extraordinario que posibilite a las jubilaciones y pensiones mínimas, por lo menos, empatar (y en lo posible ganar) al costo de la canasta básica de alimentos.
Nuestros adultos mayores tienen el derecho de gozar de una vejez digna y el Estado debe utilizar todas las herramientas para lograr garantizar el mandato constitucional de jubilaciones y pensiones móviles que realmente amparen la calidad de vida de los jubilados.
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