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Inhiben a Scioli, Collia y un empresario por irregularidades en las UPA24

Según la investigación del fiscal, existen “indicios vehementes” que entre los años 2011 y 2015.

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El exgobernador Daniel Scioli, su ministro de Salud Alejandro Collia, y el empresario de la construcción Ricardo Miller fueron inhibidos por más de $ 189 millones, en una causa que investiga irregularidades en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA24).

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La medida fue tomada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, quien hizo lugar a un pedido del fiscal Álvaro Garganta y dispuso la inhibición general de bienes por $ 189,2 millones para los tres procesados en la causa.

Scioli, Collia y Miller son investigados por la construcción de ocho UPAs ubicadas en Almirante Brown, Lezama, Hurlingham, José C. Paz, Moreno, tres de Febrero, Mar del Plata, Zárate y Los Hornos.

Según la investigación del fiscal, existen “indicios vehementes” que entre los años 2011 y 2015, Collia, influido por Scioli, adjudicó de manera irregular la realización de nueve obras públicas por más de $ 117 millones, consistentes en la construcción de las ocho UPA24 y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la empresa Miller Building International S.A.

Según la denuncia, esa empresa le compró terrenos a Scioli (quien operó con la firma Capanone S.A.) por US$ 3,8 millones, un valor que, siempre de acuerdo a la presentación judicial, sería muy superior al de mercado. La hipótesis, en ese marco, es que allí podría haber existido un “retorno” por la licitación de las UPAs.

El fiscal cuestionó “la relación personal y comercial” que el entonces gobernador mantenía con el presidente y accionista mayoritario de la empresa, y además, “por las dádivas que el primer mandatario percibía de éste por su rol”.

En su resolución, Garmendia sostuvo que “el derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al fisco de la Provincia, al haber adjudicado de forma irregular las UPA, tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal”.

Voceros judiciales indicaron que la resolución de Garmendia también incluyó la obligación de que el diputado nacional notifique a la Justicia cada vez que quiera salir del país. Garganta, por su parte, había pedido directamente que se le impidieran los viajes al exterior.

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