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Gil Lavedra: “Cada preso le cuesta 100 mil pesos por mes al Estado”

El coordinador del Programa Justicia 2020 resaltó que “es muy importante establecer políticas integrales en materia de seguridad”.

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El coordinador del Programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, cuestionó ayer el "manido argumento de aumentar el monto de las penas" contra los delitos y estimó que actualmente "cada preso debe estar costándole al Estado unos 100 mil pesos por mes", ante lo cual resaltó que "es muy importante establecer políticas integrales en materia de seguridad".

"Las mejores medidas de prevención son aquellas que tratan de evitar que el delito se cometa, tiene que ver con la educación, con la inclusión social, con muchas políticas de contención que el Estado tiene que hacer. Una vez que se cometió el delito hay que castigarlo", sostuvo el dirigente radical.

En diálogo con Radio Continental, el jurista advirtió que "los elevados niveles de impunidad son un caldo de cultivo para la comisión de los delitos".

El exdiputado nacional insistió en que "es muy importante establecer políticas integrales en materia de seguridad".

En ese sentido, Gil Lavedra se mostró en contra del "manido argumento de aumentar el monto de las penas", porque "no elimina la inseguridad, sino que es productor de mayor violencia".

"Hay cierta irracionalidad en la gente que pide que las penas sean más duras y por otro lado las cárceles están atestadas. La Argentina tiene cerca de 60 mil presos y tiene una tasa de encarcelamiento media. Lo que cuesta un preso al sistema es muchísimo, debe estar costando alrededor de casi 100 mil pesos por mes", resaltó.
   Asimismo, el coordinador del Programa Justicia 2020 indicó que para castigar a los delincuentes se necesita "una Policía bien entrenada, eficiente, profesional, bien pagada; jueces que apliquen la ley en tiempo rápido y cárceles que no supongan la reproducción de más delincuentes".

"La Policía debe actuar dentro de sus atribuciones legales y la mejor garantía para la propia Policía es no salirse del ámbito de sus funciones. Cuando esto sucede, tienen los derechos de cualquier otro imputado y el fiscal va a tener que demostrar que actuó de modo ilegítimo, pero establecer de modo general que en todos los casos actúan correctamente no se condice mínimamente con la Constitución", planteó.

 

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