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Fueron absueltos los cinco agentes del SPB

Los penitenciarios Rubén Damiani, Gonzalo Ezequiel López, Federico Beltrando, Jorge Benedicto Fermanelli y Héctor Germán Romero quedaron libres de culpa y cargo.

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El Juez en lo Correccional, Dr.  Jorge Cóppola absolvió a los cinco funcionarios del Servicio Penitenciario bonaerense, acusados por el Ministerio Público Fiscal por el hecho ocurrido en Junín, el 19 de julio de 2014, del cual resultaron víctimas Maximiliano Beneitez y Fernando Castillo Soria, por “la aplicación del principio in dubio pro reo” como señala el veredicto que se conoció ayer.

Universidad Siglo 21

En un despacho del segundo piso del edificio de Tribunales, con la presencia del magistrado, los imputados Rubén Damiani, Gonzalo Ezequiel López, Federico Beltrando, Jorge Benedicto Fermanelli y Héctor Germán Romero y los asesores letrados Silvio Acerbo, Juan Lemos y Darío De Ciervo, se dio lectura al veredicto.

Mientras tanto en el hall central del edificio aguardaban familiares y compañeros de trabajo de los funcionarios del servicio penitenciario que al conocer la resolución celebraron con un aplauso.

 

Tramos del veredicto. El magistrado que presidió el debate oral, entre otros conceptos vertidos en el veredicto, destacó que  “voy a limitarme a analizar, conforme las reglas de la sana crítica, si la prueba producida, en la audiencia de debate, tanto la receptada a través de la oralidad como la incorporada por lectura en los términos del artículo 366 del rito, resulta suficiente para dar por acreditado, conforme la descripción sostenida por la parte acusadora a la que debo ceñirme en mérito al principio de congruencia, el "factum" esgrimido como causa de la pretensión del Ministerio Público Fiscal”.

Al referirse a la acusación representada por el Dr. Sergio Terrón, el magistrado advirtió “inconsistencias y contradicciones apreciables de la simple lectura de las mismas, las que, discrepo con el Dr. Terrón, no me parecen inocentes ni nimias de sus dichos”.

“No comparto en absoluto la manifestación del Sr. fiscal respecto a que "no se les cree porque son presos". Quien suscribe (y lo hago extensivo a los señores defensores, porque los conozco y se de su buena fe), tiene bien claro lo normado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y, siguiendo los lineamientos del mismo, he realizado la apreciación de la prueba siguiendo las reglas de la lógica y de la experiencia que dimanan del sistema adoptado por la normativa procesal. La inconsistencia y endeblez de los elementos en los que la Fiscalía sostiene su acusación, resulta palmaria y no responde, únicamente, al tiempo transcurrido”.

 

El hecho. El magistrado describió  respecto del hecho motivo del debate oral, que “resulta indubitado que el 19 de julio de 2014 se suscita una pelea entre dos internos de la Unidad Penitenciaria 13, precisamente, Maximiliano Beneitez y Fernando Castillo Soria, en el pasillo que conduce a sanidad, frente al SUM de visitas. Este incidente motiva la intervención del grupo de emergencia de la unidad, conformado por los escopeteros tácticos, quienes reconocieron que dispararon con posta de goma, previo ordenar a los internos que depongan su actitud, y al no responder a la advertencia”.

“El co imputado Damiani dijo, al manifestarse en el debate, que, en su función de encargado de turno, fue quien impartió las órdenes a los escopeteros para extinguir el conflicto que se había generado, a fin de resguardar la integridad física de los internos y del propio personal.  Los testigos "supra" mencionados, y los co imputados Damiani, López y Beltrando, dijeron que Beneitez y Castillo Soria se habían trenzado en lucha utilizando elementos punto cortantes y palos, los que fueron secuestrados por el personal “.

 

“Actitud corporativista”. El Dr. Jorge Cóppola agregó en su fallo que “aludió el Dr. Terrrón a una actitud corporativista del personal del servicio. No puedo descartar de manera tajante su conclusión, pero debo señalar que, de ser así, la prueba de cargo debió haber sido irrefutable para demostrar que el hecho ocurrió según la Fiscalía lo describe; y como quedó reflejado, los medios de prueba producidos distan mucho de ese resultado. Tampoco puedo descartar de plano la conclusión expuesta por el Dr. De Ciervo en el alegato, expresando que fue una confabulación urdida por tres internos intensos y con varias sanciones previas, para perjudicar a los jefes quienes no accedían a los beneficios que solicitaban. Hay indicios, anfibológicos por cierto, que permiten inferir, con un soporte razonable, esta hipótesis”.

 

Garantías individuales. “Es sabido que el estado natural de inocencia de una de las garantías individuales esenciales, reconocida por el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“Esta situación – concluye Cóppola-, de duda razonable es en la que me encuentro luego del análisis probatorio. Considero que existe falta de certeza en relación a la configuración material del hecho conforme la descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal en su acusación. De consuno, corresponde aplicar, como derivación del estado de inocencia, el brocardo "in dubio pro reo", como consecuencia directa del sistema acusatorio según el cual recae en el órgano acusador el "onus probandi", es decir, la tarea de quebrar el estado natural de inocencia del cual, constitucionalmente, goza todo imputado. Por lo expuesto, en la inteligencia que no existe certeza positiva en relación a la existencia material del hecho descripto por el Ministerio Público Fiscal como causa de la acusación, por aplicación del beneficio de la duda, corresponde la absolución de los imputados. Así lo declaro por resultar mi sincera convicción”.

 

Haciendo Obras 2

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