Fallo de la Cámara Civil Junín en favor de un plomero gasista
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Fallo de la Cámara Civil Junín en favor de un plomero gasista

Un fallo judicial emitido en los tribunales juninenses sienta jurisprudencia y es destacado en la prensa digital especializada en temas judiciales. La parte demandada deberá pagar la mano de obra reclamada más intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia.

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Por Redacción Grupo La Verdad

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín resolvió desestimar la apelación interpuesta por la parte demandada (arts. 2, 958 y 959 CCyC); y receptar la apelación deducida por la parte actora, y consiguientemente, modificar la sentencia de grado, imponiendo las costas al demandado y disponiendo que el mismo no goza del beneficio de gratuidad (arts. 53 ley 24.240 y 25 ley 13.133).

La titular del Juzgado de primera instancia dictó sentencia, por la que recepcionó la pretensión deducida por el demandante, condenando al demandado a abonar la suma de $ 40.429,89, más intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha de mora (27/6/2017) hasta el efectivo pago. Impuso las costas por su orden y difirió la regulación de honorarios profesionales.

De tal modo, se expidió respecto de la pretensión encaminada al cobro del precio que, según alegó el actor, le adeuda el demandado, por los trabajos que realizara en su carácter de plomero y gasista, en un inmueble de este último. Contra este pronunciamiento, la defensa del accionado interpuso apelación.

La sentencia de primera instancia basó su decisión en que “no se encuentra controvertida la relación contractual anudada entre las partes”, existiendo en cambio discrepancias en torno al alcance de las tareas requeridas por el demandado y las desarrolladas por el actor; en que se encuentra acreditado que los trabajos por los que el accionante reclama el saldo de precio, fueron efectivamente realizados y terminados.

El caso
La doctora Marisa Eizaguirre, asesora letrada del trabajador demandante, explicó ante Grupo La Verdad los alcances de la causa. El hecho en base al cual se sustenta el mismo tiene que ver “con el trabajo de plomería, gas, que había hecho mi cliente, en un inmueble propiedad de la demandada”, comenzó remarcando.

Eizaguirre relató que “el inmueble estaba siendo alquilado en ese momento y la tarea fue importante por problemas de humedad, cañerías y lo que tenía que ver con plomería y gas. Hubo que romper paredes, pisos, cambiar caños, mover electrodomésticos”.

Asimismo, dijo que “una vez concluido el trabajo, al demandado no le reconoció el valor que mi cliente entendía por trabajo y materiales. Había una diferencia de dinero. Fue entonces, imposible llegar a un acuerdo, ni siquiera hubo conversaciones y mi cliente decidió iniciar un juicio por cobro de pesos”.

Sobre el camino recorrido, la abogada señaló que “así llegamos a sentencia de primera instancia y después a la Cámara. La primera instancia dio la razón a mi cliente por considerar que había suficientes pruebas de que el trabajo se había hecho, tanto pruebas testimoniales como documentales. Resultó de gran importancia la pericia de arquitectura”.

En cuanto a los hechos en sí expresó “no quedó duda y quedó demostrado claramente que no solo había estado trabajando mi cliente con dos personas más sino además que el trabajo estuvo bien realizado. Hubo un preacuerdo y la demandada presentó el presupuesto de mi cliente pero cuando él ingresa a trabajar por un problema de humedad, después resulta que se van sumando otras tareas y se fue ampliando. La parte demandada alega la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y la Cámara pone el acento que en que la demandada nunca intimó a mi cliente a que cesara en el trabajo. En este caso la relación entre el trabajador y la propietaria fue normal hasta el momento del pago de los honorarios”.

“La Cámara empareja la situación de las partes, en la relación contractual. Es decir, actuaron en igualdad de condiciones e invierte la carga de la prueba y tiene que demostrar su buena fe la demandada”.

La doctora Eizaguirre también se refirió a los antecedentes.

“Se manejó siempre dentro de las reglas de la buena fe, no de la especulación –que es el caso de mi cliente- y tomando los recaudos necesarios”, dijo.

Con relación al monto que deberá pagar la demandada, la abogada hizo referencia a “unos 100.000 pesos con costas”, agregando además que “hay una parte que está paga”.

“Si bien aún la sentencia no está firme, aclaró que no sé si los montos dan para recurrir a la Corte. Lo importante es que asentándonos en una sociedad con reglas, esto también muestra la resolución de un conflicto por parte de un tercero imparcial, en este caso los jueces”, añadió seguidamente. Y completó: “Que el demandado deje de seguir especulando y definitivamente se haga efectivo el trabajo de mi cliente. Es lo que corresponde”.

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