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Estiman que seguirán los abortos clandestinos porque los aranceles de los médicos serán mínimos

“Seguirá funcionando un “mercado negro” y vamos a seguir en el mismo tema”, dijo el doctor Héctor Covini.

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Con el objeto de garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, la nueva ley establece como regla que las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo como así también, que el profesional de la salud que intervenga de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.

Esto ha traído aparejado preocupación por parte de varios profesionales obstétricos, que están dispuestos a presentar objeción de conciencia respecto a la realización de un aborto.
El doctor Héctor Covini dio también su opinión y expresó que “es difícil abordar el tema porque la gente ha opinado, pero los efectores del aborto somos nosotros. Durante el tratamiento del tema, no se ha hablado cuál va a ser la manera de ejecutar esto que se quiere llevar a la práctica. En otros países donde ya es ley, lo primero que se hizo fue armar la estructura para saber cómo se iba a ejecutar. Acá se hicieron las cosas al revés y ahora estamos parados en este lugar. No es sólo la conciencia del médico y me atrevo a decir que un alto porcentaje se niega a hacerlo. Los que estarían dispuestos tienen que saber que los aranceles que se van a pagar por nomenclador nacional serán mínimos. Seguirá funcionando un “mercado negro” y vamos a seguir en el mismo tema. En otros lugares, como Francia y Singapur, se hicieron clínicas especializadas para todo este proceso.

“El aborto no debe tomarse como un método anticonceptivo, hay que educar al pueblo que, en este tema, tiene un nivel muy bajo. Me da la sensación que están haciendo las cosas para la tribuna y no con la realidad. Considero que acá se dejaron de lado varios puntos. De aprobarse la ley, se pone en una situación complicada a las clínicas, a las obras sociales y a las prepagas. En nuestro servicio en La Pequeña Familia aún no hemos sacado una conclusión y el Colegio Médico, que tiene un Comité de Ética, tendrá que expedirse”, concluyó.

Interrupción voluntaria del embarazo
La doctora Alejandra Lorden, médica ginecóloga y obstetra, diputada provincial, secretaria de la UCR Nacional y presidente de la Comisión de Salud de Diputados de la provincia de Buenos Aires, estuvo en Junín y dictó una charla sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En diálogo con LT 20 Radio Junín, habló sobre el proyecto de ley que ya tiene media sanción y explicó que “este tema tiene a la opinión muy dividida y está atravesado por muchas otras cuestiones, como la educación y la religión. Acá hay que hacer hincapié en la ley educación sexual integral para los argentinos, es la manera de disminuir la cantidad de gente que recurre al aborto. Entiendo que muchas veces los docentes no se sienten preparados para hablar de educación sexual y también hay padres que han expresado su negativa de que se hable del tema a sus hijos. Esta ley no ha llegado aún a explotarse. Hay que tener en cuenta varios aspectos, como el cuidado del cuerpo y el poder tener los anticonceptivos gratuitos en los centros de salud”.
“Sabemos que hay un puñado de mujeres que, por diversas razones, han optado por interrumpir un embarazo y el Estado debe estar presente. Más allá de la educación y la salud, debería haber una consejería para que escuche a esa mujer y le pueda dar un panorama de contención. Quizá esa mujer decida continuar con el embarazo porque muchas veces no se siente contenida. Ahí ya te quedaría un puñado menor y allí, yo creo, que es donde el Estado tiene que estar”, finalizó.

Necesidad social
Marcelo Torres, director del Sanatorio Junín, dijo en diálogo con LT 20 Radio Junín que “es un tema muy conflictivo. Creo que hay que aclarar entre despenalización y legalización, que no es lo mismo. Vivimos en una ciudad chica, la sociedad suele ser bastante hipócrita, y creo que nos falta madurar. Si la ley sale, es porque tiene que ver con una necesidad de la sociedad”.
“En cuanto a lo institucional, la palabra es agresiva pero hoy la mayor parte del procedimiento es químico, a través de una medicación y no a través de una instrumentación. Desde lo médico, es un procedimiento que tendría que hacer un ginecólogo por indicación. Si así fuera, no pasaría lo que hoy ocurre, porque es una práctica clandestina y por conveniencia económica. Por supuesto, que estoy dejando de lado la cuestión ética y moral. También me imagino, desde lo burocrático, lo que sería si un paciente tuviera que ir a autorizar una orden con un administrativo para la realización de una interrupción de embarazo. Creo que se necesita un tiempo de maduración con estos cambios”, expresó.

Objeción de conciencia institucional
El doctor Norberto Petraglia, director de la Clínica La Pequeña Familia, manifestó que “se nos plantea una situación compleja, porque la mayoría de los profesionales de obstetricia con los cuales he conversado, están dispuestos a presentar objeción de conciencia respecto a la realización de un aborto y la institución quedaría en una situación complicada. Tenemos la expectativa de que en el Senado se revea esta imposibilidad de plantear objeción de conciencia institucional y así pueda quedar abierta la posibilidad. Se supone que habría una pena para los profesionales que se nieguen a practicar un aborto y para los directivos de las clínicas. Estas penas podrían ir desde la cárcel hasta una suma de dinero y es un problema si uno no cuenta con profesionales que estén dispuestos a hacerlo. Como está planteado el texto que ingresa al Senado, traerá muchos conflictos y será de difícil instrumentación. En nuestra clínica, aún no se ha tomado una línea a seguir, si se tomará una medida individual o colectiva, junto a otras instituciones”.

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