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En Junín ya se recibieron denuncias de personas que no pueden pagar la luz

En cuanto al gas, se han recibido denuncias sobre la garrafa social.

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La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una denuncia contra el Estado nacional por considerar que los aumentos dispuestos en las tarifas de luz de las empresas Edenor y Edesur son “ilegales, irrazonables e inconstitucionales”.

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“Un usuario que consume hasta 300 kw/h tuvo que pagar desde febrero de 2016 hasta hoy un aumento del 1.500%, lo que representa una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que postergar otros gastos para abonar los servicios, algo que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables”, dijo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En la denuncia, presentada ante la Justicia Federal de La Plata, se le pide al Ministerio Público Fiscal que “inicie una acción en defensa de los consumidores por la falta de razonabilidad e inconstitucionalidad de las tarifas eléctricas”.

Derechos de los consumidores
Clara Bozzano, la nueva responsable de la Defensoría del Pueblo en nuestra ciudad, oficina que ahora funciona en Hipólito Yrigoyen 63, expresó que “la denuncia es por la suba de la tarifa eléctrica, que consideramos que es ilegal, irrazonable e inconstitucional. Al Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de proteger el derecho de los consumidores, es por eso que allí se radica la denuncia, principalmente los de la gente con menos recursos. Hay tarifas que son imposibles de pagar y la protección económica de los usuarios está por el piso. Acá ya empezamos a recibir denuncias de personas que nos dicen que no pueden pagar la factura de luz. Estos aumentos van en detrimento de las clases medias y, principalmente, de los más vulnerables. En cuanto al gas, hemos recibido denuncias sobre la garrafa social porque hay pocas bocas de expendio y la gente no las consigue a $216 y las venden hasta $400, porque son acuerdos que establecen los municipios. Ahora comenzó el frio y los más necesitados no tienen con que calefaccionarse ni calentar una jarra de agua. Estos son servicios básicos y tendríamos que tener acceso todos. Un usuario que consume hasta 300 kw por hora tuvo que pagar, desde febrero de 2016 hasta ahora, un aumento del 1500%. Hoy, el gran porcentaje de sueldo de las familias bonaerenses, se va en estas tarifas. Por eso desde la Defensoría estamos trabajando”.

El pedido

El pedido es elevado al Ministerio Público Fiscal a partir de la creencia de que este organismo tiene la obligación, tal como lo marca la Constitución, de proteger los derechos de los consumidores, principalmente los de menos recursos.

Lorenzino dijo que el gobierno nacional “es responsable de que estemos ante una tarifa confiscatoria y casi imposible de pagar, y que le da la espalda al derecho constitucional que prevé la protección económica de los usuarios”.

“Con la denuncia también queremos dejar en manifiesto lo que sucede con la tarifa social, que con todas las modificaciones que le aplicó el gobierno hace que hoy el 70% de los usuarios que deberían estar alcanzados por este beneficio no lo tengan”, advirtió el funcionario.

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