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En Junín también repudiaron el protocolo de uso de arma de fuego de la ministra Bullrich

“Están aplicando mano dura para saciar las ansias de algunos sectores”, consideró Olga Prieto. Andrés Rosa, en tanto, pidió que “la demagogia de algunos no nos conduzca a nuevos problemas”.

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El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, declaró ayer inconstitucional e inaplicable en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires el protocolo de uso del arma de fuego que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, determinó para las fuerzas federales.

El magistrado ordenó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que no se adhiera al reglamento policial. Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por la legisladora porteña Myriam Bregman y la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

En su presentación, efectuaron un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por el ministerio que conduce Bullrich. La medida les permite a los agentes federales disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder una agresión armada.

La medida de la Ministra fue fuertemente cuestionada desde distintos ámbitos, llegando inclusive al interior del país.

“Verdadero Estado policial”
En nuestra ciudad, por ejemplo, la concejal de Unidad Ciudadana Olga Prieto dijo que “a la militancia de Derechos Humanos nos preocupa este verdadero Estado policial que se está implementando en el Gobierno de Macri”.

Prieto expresó además que esta resolución “quiebra el paradigma sobre el uso excepcional de armas de fuego de parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

Y amplió sosteniendo que “esto va a generar reacciones porque es claramente ilegal, Argentina tiene acuerdos firmados internacionalmente. El principio más claro es el de preservar la vida, eso tienen que tener en claro los funcionarios”.

Prieto recordó que hay un código de conducta que se firmó en Naciones Unidas en el año 76 y al cual Argentina adhiere.

“Está mencionado en la ley de Seguridad Interior, esta práctica hay que repudiarla porque viene a violar una ley que se discutió en el Congreso. Vemos que ante el pedido de mano dura de algunos sectores es Estado policial sigue avanzando”, acentuó.

“Están aplicando mano dura para saciar las ansias de algunos sectores, pero a los delincuentes más importantes no los tocan. Se están violando los Derechos Humanos, es muy grave. Nosotros repudiamos esta resolución”, remarcó finalmente.

“Genera preocupación”
Por su parte, el concejal Andrés Rosa, de Compromiso por Junín, opinó que “esto no me gusta, me preocupa y observo errores en la redacción”. Y planteó que “en Argentina hace falta un debate sobre cómo se construye una fuerza de seguridad en democracia moderna. Si la bala se va a convertir en el plan de seguridad vamos a tener muchos problemas vinculados al deterioro cada vez mayor del tejido social”.

Rosa no ve “necesidad” de ampliar el protocolo propuesto por Bullrich ya que nuestro país adhiere a la doctrina de Naciones Unidas.

“Escuchaba a la Ministra ampliar sus declaraciones, la veo con demagogia y con preocupación. Estas cuestiones las terminarán saldando los jueces, que aplicarán la doctrina de Naciones Unidas, la Ley de Seguridad Interior y la Constitución Nacional. Todas esas normas están por encima de esta resolución ministerial que además viola estos principios. Que la demagogia de algunos no nos conduzca a nuevos problemas”, detalló.

“La seguridad requiere de actitudes responsables, habilitar la bala y el gatillo fácil me genera mucha preocupación. Este reglamento busca quebrar todos los estándares internacionales”, consignó Rosa.

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