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¿El que las hace las paga?

Luego del Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por Mauricio Macri comenzó una batalla de fuegos cruzados por la constitucionalidad de la norma.

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El pasado lunes el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, oficializó desde la Casa Rosada la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con la recuperación de dinero y bienes robados por la corrupción.

El mensaje del máximo mandatario nacional sin dudas quedará en la historia del país, ya sea por proclamar el fin de los delitos económicos de la clase dirigente o por ser una de las tantas veces que esa frase fue pronunciada por miembros de un Gobierno sin tener resultados empíricos en la sociedad.

La gran discusión, luego de concluido el discurso, fue en el marco de la constitucionalidad de la nueva norma anunciada y si en realidad será esta una política de Estado o sólo es el inicio de la campaña electoral por parte de Mauricio Macri.

“Tenga pronto eco”
“Ojalá que la decisión del Ejecutivo Nacional de avanzar sobre este tema tenga pronto eco en el resultado de la Justicia en las causas de corrupción, narcotráfico y el crimen organizado.

Este reclamo de la sociedad en su conjunto de que los bienes productos de ilícitos sean recuperados por el Estado y no quede simplemente en una expresión de deseo”, afirmó a Grupo La Verdad, Lisandro Benito.

“Doble mensajero”
A su vez, el ex presidente del Colegio de Abogados de Junín dijo: “A mí me llama la atención el doble mensajero. Primero, el ligado a la actividad política que rápidamente se pusieron el mote de constitucionalista pegando el grito en el cielo porque era legislado a través de un DNU o porque afectaba el derecho de defensa, de dominio, propiedad y demás.

Por otro lado, el de las redes sociales y la calle que apoya fervientemente la decisión gubernamental de ir en busca de los bienes mal habidos. Ahí hay un mensaje que la política tiene que advertir porque es la responsable de que el Ejecutivo Nacional haya tenido que llegar a un DNU por la demora en el tratamiento legislativo y se durmieron los proyectos en un cajón, se buscaron atajos para que no salga.

Esto tendrá dos resoluciones, cuando pase por la Comisión Bicameral del Congreso una vez que inicien las sesiones ordinarias y en el marco de la Justicia. Una norma es inconstitucional cuando la Justicia en sus distintos niveles dicen que lo es, no un dirigente político”.

“Garantiza el derecho
de defensa”

“Escuché opiniones apresuradas que decían que legisla sobre cuestiones penales y que por eso era inconstitucional, sin advertir que la propia norma plantea un procedimiento específico para la recuperación de los bienes mal habidos por corrupción, narco o crimen organizado, pero de carácter civil, creando una Procuraduría de Extinción de Dominio que llevará los procesos y sumarios, independientemente de la justicia penal que seguirá en la investigación y la persecución de los delincuentes.

La norma garantiza el derecho de defensa de las personas, que pueden plantear en el proceso sus opiniones, excepciones y argumentos para demostrar que sus bienes no fueron adquiridos en forma o con fondos ilícitos”, añadió.

“No es poco dinero”
Para concluir, el letrado aseguró: “Hay un número que se maneja que es que hay alrededor de 20 mil millones en bienes vinculados a causas penales que podrían generar luego un proceso de extinción de dominio. No es poco dinero. Imaginemos la cantidad de actividades que desarrolla el Estado, en su conjunto, a las que podrían ser destinados estos bienes.

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