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El Gobierno promulgó la reforma previsional y el gremio advierte con paros

Eleva la edad en forma escalonada desde los 57 a los 65 años, iniciativa que generó mucha polémica y que amenaza con un nuevo conflicto con paros en la entidad provincial.

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El Gobierno bonaerense promulgó ayer la ley que modifica el régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia y eleva la edad en forma escalonada desde los 57 a los 65 años, iniciativa que generó mucha polémica y que amenaza con un nuevo conflicto con paros en la entidad provincial. 

Universidad Siglo 21

La ley 15.008, sancionada en diciembre y publicada ayer en el Boletín Oficial, establece que "tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad". La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará gradualmente con la siguiente escala: 61 años en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años en 2026 y 2027, y 65 años desde 2028.

Si bien en las últimas semanas había habido pequeños avances en las negociaciones con el gremio La Bancaria, lo cierto es que el Gobierno se negaba a modificar los puntos centrales de la ley tales como el financiamiento de la Caja (la normativa reemplazó al Ejecutivo por el propio Banco como fuente de cobertura del déficit de más de 5 mil millones anuales que actualmente posee) y el retoque en la edad de jubilación, que será llevada escalonadamente desde los 58 (promedio actual) a los 65 años.

Además, la ley modifica la tasa de sustitución, es decir el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 por ciento, con lo que lo iguala con el resto de los empleados bancarios.

Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años de sueldo y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado en diciembre por el Congreso de la Nación para el resto de los jubilados. Así los aumentos serán trimestrales en lugar de semestrales, y se calcularán con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal.

La aprobación de esta normativa en diciembre provocó una serie de paros en la entidad, y días atrás los trabajadores volvieron a amenazar con medidas de fuerza si el Gobierno finalmente no modificaba la reforma en su reglamentación. De hecho, desde el gremio habían indicado que podrían retomar las medidas de fuerza a partir del 22 de enero, fecha en que pierda vigencia la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

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