Seguinos en
Binaria Seguros

Nacionales

El Gobierno le exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios

Referentes de organizaciones sociales y trabajadores informales denunciaron por su parte que el Gobierno quiere desarmar “los movimientos sociales” y no se ocupa de “generar empleo”.

Publicado

el

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó ayer que el Gobierno les exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios para seguir percibiendo ese ingreso y también aumentarán los controles de quienes reciben ese tipo de beneficios.

   Tras conocerse la medida, referentes de organizaciones sociales y trabajadores informales denunciaron por su parte que el Gobierno quiere desarmar "los movimientos sociales" y no se ocupa de "generar empleo".

   "Estuvimos trabajando mucho en la actualización de datos de quienes cobran planes sociales y encontramos que más del 60 por ciento de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, por lo que nos pareció importante poder acompañarlos en este proceso", afirmó Stanley.

   La funcionaria consideró que "la educación y el trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de pobreza y vulnerabilidad".

   Además, en declaraciones a radio Mitre señaló que "cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria".

   Stanley aseguró que la iniciativa es "a favor de la gente" y que no cree que genere "resistencias", al tiempo que explicó que viene dialogando sobre este tema "con las organizaciones sociales" y que el objetivo es tratar "caso por caso".

Stanley se refirió puntualmente al rediseño de los programas Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Desde el Barrio, que ahora se denominan Hacemos Futuro.

   El Gobierno informó que de los 261.805 titulares actuales, el 62,5% (163.842) pertenece al plan de cooperativas Argentina Trabaja; el 30.5% corresponden a Ellas Hacen (80.389); y el 7% (17.574) a Desde el Barrio.

Según la versión, con esa política el Ejecutivo tendría un ahorro de unos 1.500 millones de pesos que serían destinados a obras de infraestructura en zonas vulnerables.

 

MÁS NOTICIAS

Más Leidas