La tonelada puede venderse a mercados externos en hasta 300 dólares.
El Gobierno fijó los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización.
La prohibición se mantenía vigente desde hace 16 años, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la tonelada de chatarra rondaba los 70 dólares.
Con el Decreto 1/2025, el presidente Javier Milei autorizó la comercialización definitiva o temporaria de chatarra y residuos metálicos, los cuales podrán ser utilizados como “insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo” en el Territorio Nacional, el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos.
La liberación de la exportación de chatarra, que podría tener precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada, no cayó bien entre las principales siderúrgicas, como Techint y Acindar.
También genera dudas entre unas 300 pymes metalúrgicas, que emplean a 6.000 personas.
Los principales países compradores de la chatarra argentina serían China y Turquía.
La exportación de chatarra funciona como la de carne con la cuota Hilton: al mundo se irán los mejores «residuos» (que en la industria prefieren llamar «insumos») y en el país quedarán los de menor calidad, que no pueden ser procesados en los hornos de las pymes siderúrgicas.
Los principales costos que tiene la industria siderúrgica son el hierro, que se importa desde Brasil; el carbón, con importaciones desde Australia; la energía eléctrica, que es muy competitiva en Argentina, aunque el año pasado crecieron más de 30% las tarifas por encima de la inflación; los salarios, que vienen aumentando en dólares por el atraso cambiario; y los impuestos, que los industriales señalan que son altos.
Para producir acero, Techint podrá recurrir a importaciones de hierro y carbón -un acero con mayores emisiones de dióxido de carbono- para reemplazar la chatarra -que, dada la calidad de sus hornos, puede utilizar una de menor calidad que las fundiciones pymes-, pero para eso necesitará que el Banco Central le preste dólares.
Por eso la industria sostiene que la chatarra es un «insumo estratégico».
En el artículo 1° de la medida, se explica que «no estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final».
También dispone que «la exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación».
Otro de los requisitos que exige la normativa es la presentación de una “Declaración Jurada” que asegure que dichos materiales no son peligrosos, según la normativa nacional e internacional.
Los exportadores también deberán demostrar que su carga cumple con las regulaciones internacionales, principalmente el Convenio de Basilea, para asegurar que los residuos a exportar sean apropiados y no representen riesgos para el medio ambiente.
El Gobierno clasificó los diferentes tipos de residuos que formarán parte de la comercialización.
Residuo: toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a cuya eliminación, reciclado, recuperación y/o disposición final se proceda, se proponga proceder o se esté obligado a proceder.
Residuo no peligroso valorizado: aquel que, no estando encuadrado en los alcances de la normativa nacional en materia de residuos peligrosos, haya sido sometido a una operación de valorización o de eliminación de su carácter de peligrosidad.
Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización.
Previo a la oficialización de la norma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que la prohibición “era nociva por varios motivos”.
Señaló que “al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)”.
«En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición», agregó.
El ministro, además, aseveró que la norma beneficiaba a los procesadores de la mencionada chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos.
