Editorial: Presiones e intereses
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Editorial: Presiones e intereses

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La protesta de la Policía de la provincia de Buenos Aires que tuvo lugar esta semana motivó una serie de lecturas diversas. Reclamo legítimo, diferencias en cuanto a formas, trasfondo político, viejos anhelos de sindicalización, tensión dirigencial, modificación en el esquema de coparticipación, ampliación de la grieta y una postal provocadora e inesperada sobre uno de los accesos a la Quinta de Olivos: uniformados armados, concentrados y organizados en la propia residencia presidencial.

Los cuatro días de protesta y conflicto pusieron, de alguna manera, en jaque el orden institucional. La Bonaerense, conformada por unos 95 mil efectivos, es la fuerza de seguridad más grande del país y, por ende, la más compleja a la hora de ejercer controles sobre ella. Sus cabezas y tentáculos constituyen un entramado de poder que poco tiene que ver con el reclamo salarial de suboficiales que refuerzan sus magros sueldos con adicionales que la pandemia ahora puso en stand-by.

Las razones políticas de la protesta encontraron en la coyuntura actual un nicho inmejorable para acentuar su legitimidad mediática y social, ante la revalorización de las tareas policiales consideradas hoy esenciales. A eso se sumaron los anuncios recientes de un renovado plan de seguridad para el conurbano, con una partida de recursos millonaria que no contemplaba los bolsillos de los agentes más jóvenes; y la irrupción de Gendarmería y Prefectura en territorio bonaerense, vista de reojo por los mandos superiores ya que el desembarco obliga a compartir zonas y tareas en sectores clave del AMBA donde muchos se erigen como amos y señores desde hace años.

Pero los alcances de las movilizaciones que tuvieron su base de operaciones en La Matanza fueron más allá, trascendieron las fronteras de la Provincia y obligaron al Presidente de la Nación a la apertura de un nuevo foco de conflicto, en este caso con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo que para la mayoría fue una legítima defensa de los derechos laborales terminó transformándose en una amenaza real al normal funcionamiento del Estado. Y coincidió con el peor momento de la pandemia, que por unos días perdió protagonismo y evidenció algunas de las tantas falencias que mostramos como sociedad.

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