Dr. Panetta: “Argentina vive en emergencia pública e ininterrumpida desde hace 20 años”
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Dr. Panetta: “Argentina vive en emergencia pública e ininterrumpida desde hace 20 años”

La presión tributaria se acentúa en la especial situación generada por la crisis determinada por la pandemia.

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Por Redacción Grupo La Verdad

La puesta en marcha del denominado Impuesto a la Riqueza, tras su aprobación por parte del Congreso continúa generando opiniones que no siempre son coincidentes sobre distintos aspectos del marco legal.

Defensores y opositores esgrimen argumentos para sostener sus posiciones.
En diálogo ante los micrófonos de LT20 Radio Junín, el Dr. Luis Panetta, abogado especialista en Derecho Tributario, sostuvo que desde el punto de vista jurídico, desde el primer artículo de la ley que indica que se crea con carácter de emergencia y por única vez un aporte extraordinario y obligatorio, “me lleva a detenerme porque en la Argentina la emergencia data de hace 20 años de forma ininterrumpida”.

En el año 2002 salió la ley que fue prorrogada e “incluso sobre fines del 2019 se sanciona la nueva ley Nro. 27.541 que ratifica la emergencia y modifica el Impuesto sobre los Bienes Personales”, tributo que se incrementó de modo sustancial (venía con alícuota del 0,50% y se incrementó hasta el 1,25% para bienes radicados en el país y con penalidades a quienes tuviesen bienes en el exterior).

El Gobierno de Macri sancionó una ley de sinceramiento fiscal donde se podían sincerar la existencia de bienes ocultos pagando un impuesto especial y se lo exoneraba de los tributos omitidos durante ese lapso. “Pero ese blanqueo posibilitaba dejar los bienes en el exterior”.

CONFISCATORIEDAD
“Estamos en una situación real de emergencia motivada por un tema sanitario con repercusión directa en lo económico” y son muchos los que piensan que “solventar los costos que genera la pandemia con un impuesto adicional que muchos consideran una sobretasa del Impuesto sobre los Bienes Personales, va a llevar que en muchos casos se generen situaciones de confiscatoriedad”.

Panetta destacó que la confiscatoriedad es el límite inserto en la Constitución Nacional, que marca hasta donde se puede gravar el patrimonio o la renta de la persona.

“Las autoridades han dado en llamar aporte pero en rigor de verdad cumple con todas las características de un impuesto, no hay lugar a dudas” destacó.

El impuesto “es progresivo y va aumentando a partir que aumenta el patrimonio. La escala parte de los 200 millones de pesos con una alícuota inicial del 2% y que al igual que Bienes Personales tiene una penalidad para quienes tienen bienes radicados en el exterior para los que la alícuota es más elevada”.

JUDICIALIZACION
Panetta admitió que muchos son quienes ya están estudiando la posibilidad de recurrir ante la Justicia por los alcances del impuesto.

“El tema de la razonabilidad hay que verlo en cada caso puntual” y que en el caso de la confiscatoriedad “hay que probar en términos de los fallos de la Corte Suprema, que el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta o el patrimonio alcanzados”. El alto tribunal ya lo ha manifestado que “nunca puede superar el 33% de la utilidad generada por el patrimonio”, por lo que habrá que realizar los cálculos pertinentes en cada caso.

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