Editorial: Del asistencialismo a la producción
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Editorial: Del asistencialismo a la producción

La propuesta de Zurro, que se hizo extensiva a todos los ámbitos a partir de la dimensión mediática adquirida, generó reacciones esperadas en la mayoría de los jefes comunales que vienen reclamando más autonomía municipal desde hace tiempo.

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El encuentro mantenido esta semana por el intendente de Pehuajó Pablo Zurro y la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández dejó mucho más que tela para cortar, como suele decirse habitualmente. La temática abordada por ambos funcionarios repercute luego de manifestaciones que no pasaron desapercibidas y que volvieron a evidenciar una de las grandes deudas sociales que tiene Argentina: la falta de trabajo genuino.

La propuesta de Zurro, que se hizo extensiva a todos los ámbitos a partir de la dimensión mediática adquirida, generó reacciones esperadas en la mayoría de los jefes comunales que vienen reclamando más autonomía municipal desde hace tiempo.

Sobre los últimos meses del pasado año, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, trabajaba ya sobre un proyecto de ley que procurara convertir los planes sociales “en trabajo genuino”, con impacto en diversas actividades de la economía nacional, apuntando así, fundamentalmente, al alivio económico de las pymes.

En el año 2002 -tras la crisis institucional de fines de 2001, la renuncia de Fernando De la Rúa a la Presidencia de la Nación y la salida caótica de la convertibilidad cambiaria- en el país se distribuyeron casi dos millones de planes Jefas y Jefes de Hogar. En 2015 existían alrededor de 140 mil planes activos y 2019 culminó con unos 800 mil planes sociales en la Argentina. El mismo marco estadístico advierte que en los últimos 10 años se duplicó el número alcanzado en ayuda alimentaria y en los hogares que perciben algún tipo de asistencia por parte del Estado.

Los índices de pobreza, marginalidad y exclusión se vinculan directamente con estos indicadores que para poder estabilizarse requieren de una trazabilidad política consecuente, sostenida, que tienda a la consolidación de un modelo de producción con reglas claras, articulado con la educación, que inspire confianza en inversores y aporte a la generación de más oportunidades para que los recursos humanos (con la formación y capacitación según corresponda) se vayan incorporando paulatinamente al mercado laboral formal.

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