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Cuatro exfuncionarios deberán devolver el dinero malversado en la empresa de gas

Se acordó un juicio abreviado para Griselli, Gabrielli, Itoiz y Albaqui: se habla de un millón y medio de pesos, por las irregularidades detectadas en Servicio Grupo Junín.

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Los cuatro imputados por las irregularidades denunciadas en torno al patrimonio de la empresa juninense Servicio Grupo Junín acordaron desestimar el juicio oral en dos instancias y culminar las actuaciones judiciales que se vienen desarrollando desde hace casi tres años, en un juicio abreviado.

Tras el mismo, el exgerente de la firma, Vicente Griselli, recibiría la pena de dos años y medio de prisión en suspenso, más multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. En menor escala, se encuentran los exdirectores Damián Itoiz y Carlos Albaqui, y el exsecretario general del municipio, Javier Gabrielli, quienes al ser imputados por malversación de caudales públicos, sólo recibirían una sentencia que gira en torno a la multa y la inhabilitación. En todos los casos, se estima que deberán estar devolviendo al Estado alrededor de un millón y medio de pesos.

De este modo, se dará por culminada una larga investigación llevada adelante por el fiscal Javier Ochoaizpuro, a partir de una denuncia presentada en marzo de 2016 por el actual presidente de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres.

Un gran desorden administrativo, irregularidades en todas las áreas, un enorme gasto injustificado en determinados rubros como combustible – coincidentemente con los meses en que se celebraron elecciones- y una deuda millonaria fue el panorama que las autoridades de la empresa descubrieron en el 2016, al inicio de la nueva gestión.

A raíz de esta situación, el municipio debió realizar un salvataje económico para impedir el quiebre de Grupo Junín.
Los cuatro responsables, exfuncionarios meonistas, que investigó la justicia, en la próxima semana serán condenados, según ya se anticipó.

Juicio abreviado
Sobre la forma de resolución de las causas, el fiscal Ochoaizpuro señaló que “es una de las salidas que prevé el Código de Procedimiento, y se decide en esas instancias en base a la valoración que se hace de los elementos, del tiempo que llevan las audiencias del debate, la comparecencia o no de los testigos, y en ese marco, se evalúa la pertinencia o no del juicio abreviado”.

“Cuando se propone, se analiza, y las penas que se consiguen en ese acuerdo de juicio abreviado son similares a las que podrían obtenerse en un juicio ordinario. En vez de producirse las pruebas, se incorporan y se llega al dictado de una sentencia en el Tribunal Oral en un lapso de cinco días, que tiene para resolver”, explicó.

En este caso, el magistrado resaltó que “la audiencia se había realizado en la segunda causa elevada a juicio y habiendo las partes insinuado la posibilidad de ir a un abreviado, se juntaron todas las causas y se verán en forma íntegra, resolviéndose en torno a la principal”.

Las penas
Según anticipó, habrá prisión de dos años y medio de prisión en suspenso, multa e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para Vicente Griselli; mientras que para los otros imputados por malversación de caudales públicos tanto dolosa como culposa, el Código Penal prevé penas de multa e inhabilitación, sin prisión.

“Los delitos contra la administración pública por lo general tienen penas de multa e inhabilitación, excepcionalmente la otra figura que se aplica es prisión”, recordó Ochoaizpuro.

También mencionó que “esas multas que se aplican tienen que ver con el importe por el cual se habrían malversado los caudales, o sea tienen relación directa con la conducta desplegada y la que se imputó en todos los hechos a lo largo de las investigaciones que se acumularon. Esa pena económica debe cumplirse en forma efectiva”.

“Si no se cumple con esta devolución de dinero, hay un incumplimiento de la pena, hay instancias hasta civiles. Se arbitran medidas para el efectivo cumplimiento”, concluyó.

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