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Provinciales

Confirman condena a “policía rotisero”: falsificaba facturas de la comida de presos

La Justicia ratificó y dejó firma la condena a dos años y medio de prisión por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público

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El ex subcomisario Fabián Mugione es conocido en Punta Alta como el “policía rotisero”: les hacía preparar las viandas de los presos a familiares de un subordinado suyo, pero luego pasaba costosas facturas declarando la compra de otro tipo de alimentos más sofisticados.

Ayer, la Justicia ratificó y dejó firma la condena a dos años y medio de prisión por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También le dictó una inhabilitación perpetua para desempeñarse como empleado o funcionario, y el pago de una multa de 10 mil pesos, una cifra menor si se tiene en cuenta que con las maniobras logró hacerse, a valores actuales, de unos 200 mil pesos, según quedó determinado en la causa.

Concretamente, durante el proceso quedó demostrado que en 2006, Mugione (quien estaba a cargo de la Policía Comunal de Punta Alta) falsificó los registros de alimentos a los presos e infló su valor, presentando facturas apócrifas por comida comprada en rotiserías. Entre los platos con los que “agasajaba” a los detenidos figuraban, entre otros, asado y lasagna.

Sin embargo, el ex jefe policial les encargaba la comida a la esposa y la cuñada del sargento Aldo Medrano, quien revistaba en esa dependencia. El menú era preparado en la casa de una de las mujeres, y estaba lejos, según los testimonios, de ser lo que figuraba en los registros.

Por si faltaba más, Magione “infló” los libros de registro de detenidos y contraventores, contabilizando más personas alojadas que las realmente existentes, con el único fin de justificar los excesivos gastos en comidas.

A raíz de esta situación, el juez en lo Correccional José Luis Ares le impuso a Mugione la pena original de dos años y medio de prisión, condena que en 2015 fue ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y dejada firme ayer por Casación.

El fallo original consignó que “las maniobras ardidosas hicieron que los funcionarios provinciales incurrieran en error al dar por ciertas las rendiciones de datos falsos y emitir, en consecuencia, las órdenes de pago respectivas, aprobando las mismas y confeccionando los cheques a nombre de la dependencia por sumas de dinero superiores a las realmente gastadas, lo que perjudicó a la administración pública”.

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