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Concejales de Pehuajó avalaron el pedido de suspensión de la audiencia pública

 “El  de agua potable es un servicio que es pésimo y en muchos casos directamente inexistente”,  aseveró el concejal Pablo Lanik, del Frente Renovador.
 

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 El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó que se suspenda la audiencia pública por el aumento de la tarifa del agua, al considerar que “no cumple con lo estipulado por la ley, propone un aumento irracional y se da en un contexto donde el servicio es deficiente o directamente se brinda sin
 condiciones de potabilidad en muchos distritos”.

   Entre las condiciones deficientes del servicio cabe recordar que desde el Frente Renovador Pehuajó se inició por vía de la Defensoría un expediente en particular de cara a la Audiencia Pública, en el que se plantean los problemas del servicio en nuestra ciudad. El reclamante en dicho expediente es el concejal Pablo Lanik quien coincidió con la solicitud de la Defensoría.

   "Además de la situación del pésimo servicio en buena parte de la Provincia y particularmente en Pehuajó donde la Justicia nos ha dado la razón en dos instancias sobre el tema, está el hecho que al aplicarse el revalúo fiscal a nivel Provincia que estará en torno al 50 % y al estar atado el servicio de Absa no al consumo sino a esa valuación fiscal, ya tendremos un tarifazo encubierto que esquivará cualquier procedimiento estipulado por Ley para incrementos tarifarios. Y a ese aumento encubierto por el revalúo se está pretendiendo aplicarle encima un 40%, y por un servicio que es pésimo y en muchos casos directamente inexistente" aseveró el concejal Lanik.

   Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en el mismo sentido explicaron que otro de los cuestionamientos hechos a la audiencia programada para el 2 de febrero en La Plata tiene que ver con que la convocatoria fue realizada por el Organismo de Control de Aguas (OCABA), que
 fue disuelto a los días de este llamado por la nueva ley de Ministerios, por lo que la Autoridad del Agua (ADA) pasó a quedar como organismo de control.

“Esta movida también significa una quita de derechos para los consumidores, ya que el OCABA contaba en su directorio con representación de los usuarios, mientras que la ADA no, lo que de por sí vulnera lo estipulado por el artículo 42 de la Constitución Nacional”, explicó el Defensor del Pueblo.

    Por otro lado, Lorenzino indicó que el incremento se produce en un momento en el que “el servicio que presta ABSA es deficiente en distintos puntos de la Provincia, donde no sólo presenta cortes y deficiencias en la infraestructura, sino también graves problemas con la potabilidad, ligado a la presencia de arsénico en el agua, nitratos, salinización, hasta la aparición de algas, que atentan directamente contra la salud de la población”.
 
  

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