Barrios cerrados: en Junín uno se encuentra en trámite ante la entidad de Ordenamiento Territorial Provincial

Por Redacción Grupo La Verdad

En las últimas horas, el Gobierno bonaerense intimó a más de 100 barrios privados para que regularicen su situación impositiva, y advirtió que si no lo hacen se les aplicará de oficio el valor real de la tierra para calcular el impuesto del Impuesto Inmobiliario.

Las intimaciones fueron realizadas por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), que cursó ya un total de 102 intimaciones a barrios cerrados para que se ajusten a la Ley 15.038, que obliga a los desarrollos en proceso a declarar el cambio de uso de la tierra y tributar según se exige a emprendimientos de estas características.

Según se informó, tras la intimación los desarrolladores tienen un plazo de 15 días para presentar un descargo. Caso contrario, se aplicará de oficio el nuevo valor de la tierra en función del grado de desarrollo en el que se encuentre (la ley contempla el pago del 25, 50 y 75% del impuesto según el avance de las obras).

Consultado al respecto, en nuestra ciudad, el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, planteó que “este es un tema administrativo, las irregularidades se presentan básicamente por cuestiones de trámites administrativos ante la Provincia y los entes que regulan este tipo de ordenamientos. En Junín, hay uno que se encuentra en trámite ante la entidad de Ordenamiento Territorial Provincial (desarrollo San Ignacio) y otros ya regularizados como Costa Verde y San Gabriel”.

Di Palma dijo además “en los últimos años hubo muchos trámites en curso, no sé entonces si se puede hablar de irregularidades. Hubo cambios reglamentarios sobre inmuebles que cambian sus destinos, las reglamentaciones sufrieron modificaciones respecto de estos emprendimientos. Ha habido un cambio en los últimos años que interrumpieron algunos procesos y tratamientos que afectan a estas cuestiones”.

El entrevistado recalcó en ese orden que “hay predios que se encuentran en el medio de estas tramitaciones, la dinámica es bastante engorrosa, lleva su tiempo. El impacto mediático que tiene esto ahora es importante, sobre todo en un momento en el que se habla de toma de tierras, de desigualdades sociales, en el medio de una pandemia y con desregulación de contratos por parte del Estado”.

“En muchos de los casos, como acá por ejemplo, vemos que las municipalidades aprueban las obras y cobran los derechos de construcción ante la vista de la presentación de toda la documentación. Es un tema de regulación dominial que se tiene que ir ajustando administrativamente como corresponde. Solamente hay que ponerse a trabajar, el tema es general y ha sufrido modificaciones”, refirió finalmente.

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