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Apps de delivery: detectaron en Junín trabajadores en la informalidad

“Es una preocupación que tenemos, por eso el relevamiento que hicimos. Nuestra legislación nos permite encontrar soluciones a situaciones específicas. Detrás de estas apps hay responsables y como tales deben hacerse cargo de lo que corresponde”, dijo Nicolás Gauna.

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Por Redacción Grupo La Verdad

Personal de la Delegación Junín del Ministerio de Trabajo de la Provincia participó este fin de semana de un mega operativo – inédito por su alcance territorial- realizado sobre las apps de delivery que prestan servicios a partir de la conexión de usuarios con los servidores. Como resultado, se detectaron en nuestra ciudad casi 20 trabajadores en la informalidad.

“Creo que es una discusión que tenemos que dar, este es un sector muy vulnerable, de una alta falta de registración laboral. Son muy importantes estas plataformas que han venido para quedarse, y para dar trabajo. Pero si dan trabajo se tienen que someter a la legislación vigente y esos trabajadores deben estar correctamente registrados”, señaló al respecto el delegado local de la dependencia bonaerense, Nicolás Gauna.

“Es una preocupación que tenemos, por eso el relevamiento de los trabajadores que hicimos. Nuestra legislación nos permite encontrar soluciones a situaciones específicas, nosotros relevamos, y detrás de estas apps hay responsables que como tales deben hacerse cargo de lo que corresponde”, acentuó Gauna.

“Estos trabajadores no cuentan con un salario básico, pero sí con una jornada laboral establecida porque cumplen horarios. La ley de contrato marca que si hay una dependencia económica, jurídica y técnica se constituye una relación laboral. Las apps exigen que los trabajadores sean monotributistas, ahí hay un incumplimiento de la ley de contrato”, ahondó el funcionario.
“Estas economías de plataforma nosotros sabemos que llegaron para quedarse, pero tenemos la necesidad y la obligación legal de que cumplan con sus obligaciones: que paguen un sueldo digno, que registren correctamente, que paguen ART, obra social y aportes jubilatorios. Vemos que hay mucha precariedad en esto, la gran mayoría es monotributista, pero se les exige un cumplimiento horario”, remarcó el entrevistado.

Y subrayó a continuación: “En Junín nosotros vamos a exigir a todas las apps que están en funcionamiento que el trabajador esté debidamente registrado”.

En los últimos días, desde la cartera que conduce Mara Ruiz Malec llevaron adelante este megaoperativo descripto por Gauna, que tuvo el objetivo de controlar la registración, condiciones laborales y de seguridad y salud de las y los trabajadores en una de las actividades donde se registra mayor vulnerabilidad de los derechos laborales.

“No es lo mismo tener una obra social que tenerla, no es lo mismo tener ART que no tenerla y así todos los demás derechos que le asisten a un trabajador. Por la no registración correcta estas apps deben pagar multas”, ahondó.

Derechos básicos
Por su parte, la ministra Mara Ruiz Malec aseguró tras el operativo que “es una buena noticia que ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo nadie los cubre. El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos. Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”.

No es la primera vez que el Ministerio de Trabajo pone la lupa sobre las apps de delivery. Durante 2020 realizaron un relevamiento de 172 trabajadores, y elevaron intimaciones a las empresas, que desconocieron la relación de dependencia. Por tal motivo la cartera avanzó en sanciones por incumplimientos de las normativas laborales. La Justicia de La Plata le dio entonces la razón a la cartera de Mara Ruiz Malec en el juicio contra las empresas Glovo, Rappi y Pedidos Ya, quienes debieron abonar $6.318.000, $16.426.800 y $17.690.400 respectivamente.

El operativo último se realizó en los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín,Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zarate, Pilar, Pinamar, Azul, Junín, Mar del Plata. Necochea, Tandil y Bahía Blanca.

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