Miércoles 11 de octubre de 2017, 09:31

Por las falsas amenazas de bomba en escuelas, Junín perdió $ 1.625.000

Las falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos produjeron pérdidas por $ 1.625.000 en Junín, según los datos oficiales obtenidos por LA VERDAD. Dado que en poco más de un mes se produjeron 65 operativos de control en escuelas secundarias, primarias y jardines de infantes por estas advertencias telefónicas sobre la existencia de una bomba, y calculando un promedio de $ 25.000 por cada procedimiento policial y de bomberos, se llega a esta altísima suma que debe restarse de los fondos públicos.

Por cada llamado al 911, deben desplegarse: efectivos policiales, móviles, motos, el vehículo de Bomberos y los integrantes del Destacamento, y también la Brigada de Explosivos. Se estiman que son alrededor dos horas por cada operativo y a eso se le suman los gastos de combustible y desgaste de vehículos.

Este cálculo no incluye los daños económicos a comerciantes aledaños a las escuelas, más difíciles de precisar, ni la pérdida de esos efectivos que son recursos de calle y deben abandonar su trabajo habitual en la cuadrícula. Estos llamados también generan un problema para cubrir el patrullaje u otros servicios.

 

En la provincia. Según se informó a nivel provincial, a raíz de estas amenazas que se repiten en distintas ciudades de Buenos Aires, ya se gastaron $60 millones en verificar las 2.400 falsas amenazas en escuelas bonaerenses.

En Junín, ya suman 65 las falsas amenazas de bomba a colegios, a partir de llamados al 911 producidos entre el lunes 4 de septiembre y ayer martes 10 de octubre.

Si se calcula un gasto de $25 mil por cada una de estas amenazas telefónicas y el posterior despliegue policial, el número exacto del dinero destinado a chequear estas bromas de mal gusto equivale a $ 1.625.000, sólo en Junín.

Si bien la cantidad de amenazas registradas decrecieron a partir de la semana pasada, no cesaron, dado que el último caso se registró el lunes 9, en la Escuela Normal.

El pico de amenazas se produjo la semana anterior al día del estudiante y la primavera, cuando hubo entre 9 y 10 llamados diarios, e inclusive hasta se dieron casos de dos amenazas simultáneas a un mismo colegio o a un jardín de infantes.

Otra cuestión que se repite es que desde un mismo teléfono se realizaron varias llamadas intimidatorias, algo que será tenido en cuenta por la Justicia Federal que interviene en las investigaciones correspondientes.

Las penas establecidas para este delito son de 2 a 6 años de prisión, y hay que tener en cuenta que a partir de una pena desde 4 años, no se trata de excarcelable. Además, en caso de una persona que sea condenada a cumplir dos años de prisión, puede ver aumentada la sanción si cometió otro delito.

Ahora todas las causas están esperando resolución del juez federal Plou, quien será el encargado de determinar las penas a los diferentes sujetos involucrados, y seguramente se incluirá el pago de las costas de los operativos realizados.

El caso más notorio fue cuando el presidente del bloque de concejales de 1Pais, Claudio Martínez, resultó detenido, dado que desde una línea telefónica de la que es titular, partió una amenaza. Según explicó luego, el celular es utilizado por uno de sus hijos, quien se lo habría prestado a un amigo para hacer el llamado. Ese mismo día, también quedó implicada la esposa de un puntero político del ex intendente Mario Meoni.

 

Demandas. Por esta situación, el Gobierno bonaerense ya adelantó que promoverá demandas por "daños y perjuicios" contra los padres de alumnos que realicen amenazas de bomba a escuelas, informaron fuentes oficiales. Las autoridades provinciales se encargaron de advertir que este tipo de actos "no es una broma", sino "un delito".

"Y si bien es un delito excarcelable, el gobierno de la provincia decidió promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos", dijeron las fuentes.  Asimismo, los costos que se generen "deberán ser cubiertos por las demandas".

"Un llamado engañoso implica intimidación pública, un delito penado con dos a seis años de prisión. Con la tecnología con la que contamos es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados", advirtieron los voceros.

El 22 de septiembre pasado el colegio al que asisten dos de los hijos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y del intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, fue evacuado luego de que se confirmara una amenaza de bomba contra el establecimiento. Una semana más tarde detuvieron a un menor por ese hecho.