Jueves 14 de septiembre de 2017, 07:25

Los estacioneros plantearon un recurso de “reposición” ante el revés en la Corte

A partir de una reciente resolución de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, todas las estaciones de servicio de Junín deberán empezar a cobrar la tasa de combustibles. Hasta el momento, varias estaban exentas, a raíz del recurso de amparo que habían presentado y había sido resuelto en forma favorable por el juez en lo Contencioso y Administrativo, Juan Bazzani.

A pesar de esta decisión, la batalla judicial continúa: el abogado de los estacioneros, Darío De Ciervo, confirmó que se presentó un nuevo recurso de “reposición”, mientras todavía se aguarda la resolución sobre la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad de la ordenanza que plantea este gravamen local.

“El planteamiento de fondo que se hizo fue la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, basado en la inobservancia de los principios de coparticipación federal. Esto no se resolvió, lo que se hizo fue la revocación de la medida cautelar, no hubo otra cosa”, recordó el abogado.

En este marco, resaltó que “lo que hace la Corte es expender la resolución por analogía de un amparo resuelto del concejal Traverso, quien interpuso un amparo unos días antes, y se había hecho lugar en el Juzgado Contencioso Administrativo. Por analogía, la Corte aplica esta resolución”.

“Ahora lo que hicimos fue presentar un recurso de reposición, sosteniendo que la posición era diferente, no puede aplicarse en forma automática porque nuestra presentación es de parte de los estacioneros, que tienen un protagonismo directo en el tema”, explicó.

 

Tardanza de la Corte. De Ciervo consideró que “el gobierno municipal anterior se manejó respetuosamente de las normas, no así con las manifestaciones porque nada está dicho aun y hay una reposición para resolver, sobre todo porque los estacioneros no tienen un agravio directo pero los coloca en la responsabilidad de hacer declaraciones juradas y recaudación”.

“El respeto se comienza a disipar porque no puede permitirse que un nuevo gobierno se tome tres años y algo para resolver una medida cautelar, y ni siquiera la cuestión de fondo”, agregó.

Además, puntualizó que “la Corte es morosa en este tema, y además no considero que deba pagarse para atrás, porque no está resuelta el tema de la inconstitucionalidad”.

El abogado dijo que “nosotros presentamos dos prontos despachos desde el 2014 hasta la actualidad, porque aún con la medida cautelar trabada, el anterior gobierno municipal siguió ejecutando juicios de apremio, desoyendo la orden de un juez. Se trata de un delito de desobediencia”.

“Todo esto es irregular, porque se está a expensas de que la Corte declare o no la inconstitucionalidad de la ordenanza. Por supuesto que son interpretaciones y criterios, nadie tiene la verdad, pero cuando los fallos son netamente jurídicos tenemos más garantías pero cuando hay intereses políticos la situación se vuelve más confusa. La Corte Suprema no puede descansar más de tres años en resolver, un municipio no puede esperar este tiempo para escuchar que revocaron la medida cautelar, y si la hubiesen confirmado, ¿debería devolver el dinero que cobraron algunos estacioneros?”, se preguntó.

También consideró que “no puede demorarse tanto la resolución de una cuestión tan importante, y la pregunta es por qué no salió también el fallo sobre la cuestión de fondo”.

 

Vericuetos legales. Finalmente, De Ciervo detalló que “hoy hay una reposición a resolverse en la Corte, en base a que la gente vendedora de combustible que presentó el amparo y estaba favorecida por la medida cautelar, no está en la misma situación original respecto al punto de vista político”.

“Si la Corte no hace lugar a la reposición, queda la posibilidad de un recurso federal a la Corte nacional, lo cual demandará mucho tiempo más”, agregó, recordando que “también está pendiente una investigación penal por pretender cobrar lo que estaba amparado en una medida cautelar”.